Foto: Diario La República.

Escriben: Moisés Navarro Y Christopher Acosta

Nada ha cambiado a dos semanas de vencerse los 60 días de suspensión de operaciones del proyecto minero Tía María, en Arequipa. Mientras Southern Perú ha puesto en marcha una campaña nacional de comunicación sobre su futura intervención, en la zona un amplio sector de la población se mantiene alerta para retomar la protesta en cualquier momento. La resistencia local a la multimillonaria operación de extracción y exportación de cobre, y la serie de hechos que le han sucedido, han traído de vuelta desde el pasado reciente una discusión que, por poco frecuente, parece haber quedado congelada en el tiempo.

¿Pueden la minería y la agricultura, con operaciones en un mismo espacio geográfico, llegar a ser buenos vecinos? ¿O es el impacto de la minería sobre zonas agrícolas irremediablemente nocivo? El Perú se ha negado ya la posibilidad de responderse esas preguntas. Y no ahora, sino hace un tiempo. Lo hizo específicamente hace 13 años, cuando la protesta social en el departamento de Piura consiguió la cancelación de Tambogrande, el frustrado proyecto aurífero de la minera Manhattan, que reposaba sobre buena parte de un valle de producción agrícola. Lejos de desaparecer, sin embargo, el dilema regresa con renovada vigencia.

No es cosa menor que en el Perú no exista hasta hoy una experiencia positiva o negativa de convivencia entre ambas industrias, que sirva como referente para la toma decisiones sobre la viabilidad de un proyecto. Y no lo es no solo porque la industria minera representa el principal ingreso de la economía peruana, sino por el peso del Perú en el mercado mundial de minerales: si tal modelo de armonía no existe aquí, probablemente tampoco exista en otras latitudes.

Queda, por tanto, abordar la interrogante desde la teoría sobre la que hoy reposan los pros y los contras. PODER convocó a cinco expertos para intentar resolver el misterio, y proyectar efectos y resultados. Mientras algunos consideran que tal modelo de coexistencia es perfectamente posible gracias a la tecnología, otros coinciden en que de no cumplirse una serie de condiciones mínimas –más allá de las técnicas– se echaría por la borda cualquier intento de convivencia. En lo que están de acuerdo todos es en esto: nada permanece igual para un ciudadano y una comunidad, ni para su espacio físico, tras el arrollador arribo de una empresa minera.

De Tambogrande a Valle de Tambo

Como se ha dicho ya, lo que hizo polémico en su momento a Tambogrande, y hoy a Tía María, es que sean casos de absoluta excepción a la regla en la historia de la minería en el Perú. Desde los inicios de esta industria en nuestro país, esta –a gran escala– se ha instalado predominantemente en dos tipos de ecosistemas: la puna y la alta montaña. Se trata de espacios donde el dilema de la coexistencia minería-agricultura prácticamente no existe, en la medida en que la producción del campo no es parte fundamental de las actividades económicas de la zona. No es el caso de Tambogrande ni el de Tía María, donde el tajo minero se proyecta sobre valles agrícolas. Allí el dilema.

Manuel Glave, investigador de Grade, explica que eso hace que las preocupaciones de la población sean diferentes según la zona donde se ubica un proyecto minero. Así, dice Glave, mientras en la puna peruana el dilema tiene que ver con los derechos de comunidades pastoriles y la propiedad de la tierra, para casos como el de Tía María la preocupación es no tener información confiable sobre cómo afectará la llegada de esta industria a un espacio predominantemente agrícola, productivo, que genera riqueza y empleo y tiene mediano éxito.

“Los casos de Tambogrande y Tía María son diferentes dentro de la industria minera, por el piso altitudinal donde se encuentran. No son Tintaya, Antamina, Toromocho o Las Bambas (ubicados en zonas geográficas comúnmente mineras). Entonces, el no tener experiencia previa que demuestre que minería y agricultura pueden coexistir armoniosamente vuelve a estos proyectos polémicos desde el inicio. Y no es casual que hayan encontrado el rechazo y la preocupación de los agricultores. No conozco otros casos tan crudos, en el sentido de un proyecto de mediana escala intentando instalarse en medio de un valle agrícola extenso”, dice Glave.

Pero así como las preocupaciones sobre la irrupción de un proyecto minero dependen directamente del lugar geográfico donde se instale, la resistencia de la población a una inversión de este tipo es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del que goza: una comunidad de mediano desarrollo, conectada al mercado y con oportunidades económicas producto de su relación con el uso de la tierra, será más reticente a la minería que una comunidad pobre, sin oportunidades de desarrollo, que podría ver en ella cierta esperanza de progreso. Carlos Monge, director para América Latina del Natural Resource Governance Institute, desarrolla esta idea.

“En casos de expansión de la actividad minera donde hay usos de la tierra, y donde además esos usos son relativamente exitosos, tienes un potencial de conflicto muy grande. Porque, ojo, Tía María no está proyectando llegar a una comunidad campesina pobre, estamos hablando de zonas más modernas, más prósperas y capitalistas, de pequeña y mediana producción agrícola. En contraste, cuando la mina llega a zonas de pobreza extrema es posible que haya más aceptación, porque allí pueden sentir que no tienen nada que perder, y que, por el contrario, pueden sacar algún provecho”, afirma Monge.

Dado que, debido a las legítimas preocupaciones de la población, no ha sido posible hasta hoy concretar ningún proyecto minero en el Perú que comparta su espacio con una agricultura intensiva, cabe hacerse una pregunta diferente: ¿qué condiciones mínimas debería cumplir la minería para compartir armoniosamente el espacio con actividades agrícolas, vencidas las resistencias sociales? La primera de ellas es, sin duda, asegurar las condiciones del acceso de todos los actores al agua.

Problema de fondo

La mayoría de conflictos sociales por actividades extractivas en el Perú están directamente relacionados con asuntos medioambientales. Y muchos de los casos medioambientales están relacionados con el agua. En el 2010 la Red Muqui, un conjunto de instituciones abocadas al desarrollo sostenible y a la defensa de poblaciones en áreas de influencia minera, identificó a partir de información de la Defensoría del Pueblo que, de los 246 conflictos sociales registrados en el país, 117 eran socioambientales, y que 28 de ellos giraban en torno al agua en zonas mineras.

Pese a las múltiples alertas, el Estado no ha puesto mucha atención al problema del agua. Y no solo a aquellos casos que registran contaminación directa de fuentes del recurso hídrico, sino a la escasez y disputa de su administración en diversos puntos del país. El año pasado, por ejemplo, una investigación periodística de La República reveló que las autoridades peruanas no saben con certeza el volumen de agua disponible en 119 de las 159 cuencas que proveen este recurso a todo el país. La ausencia de información de este tipo es grave, toda vez que evita proyectar un suministro a futuro y velar por una buena distribución de los caudales a las industrias que más los necesitan: agricultura, minería, electricidad y uso doméstico.

Sobre este último punto, Manuel Glave, de Grade, llama la atención sobre la completa ausencia de una política de planificación en el país respecto al uso y administración del agua. Esta realidad agrava polémicas como la de agricultura versus minería, al no existir institución estatal que pueda asegurar técnicamente –en este caso, a los agricultores del Valle de Tambo- un suficiente suministro del recurso hídrico en futuro.

“Es cierto que una operación minera termina afectando el acceso al agua, pero para eso la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debería contar con una balance del recurso hídrico y una proyección de su disponibilidad a 50 años. Y no estamos hablando aquí solamente de un balance de uso agropecuario, sino de uno estratégico para todos los usos, que permita comparar la oferta y la demanda. La existencia de estudios de ese tipo permitiría tomar decisiones importantes, porque podrías saber si favoreciendo una actividad económica vas a afectar a otra. Que ese estudio no exista solo genera más incertidumbre”, dice Glave.

Pero la carencia de información estratégica no es el único problema; también se trata de la infraestructura. El conflicto por Tía María en el Valle de Tambo es el ejemplo más reciente de cómo la mala planificación de proyectos de irrigación por parte del Estado –se le prometió al valle cuatro represas en los últimos 30 años, pero nunca llegaron–, aunada a la falta de credibilidad y eficiencia en prácticas ambientales, como en el caso Southern Perú, pueden confluir en el estallido de un conflicto que ya lleva cinco muertos y cientos de heridos.

Carlos Monge, de Natural Resource Governance Institute, resalta la importancia del agua para el desarrollo de proyectos mineros en convivencia con la agricultura. “Una condición importante para que ambas actividades coexistan es que, primero, haya abundancia de agua, además de la existencia de una estrategia productiva tal que permita que la actividad minera no destruya, se apropie o contamine fuentes de agua en perjuicio de los actores con los que comparte la zona, sino que, por el contrario, incluso las mejore”, afirma.

Monge considera que, en principio, ambas actividades sí podrían convivir, al menos teóricamente. Pero además del agua, como ya se ha dicho, es sumamente importante también la ubicación exacta del proyecto, la conformación del mineral en el yacimiento, los niveles de toxicidad de los minerales que se planea explotar y las relaciones con las comunidades. Hasta el momento, como hemos comentado, no existe experiencia exitosa de convivencia entre minería y agricultura, o no al menos en operaciones del tamaño de Tía María. Pero la minería en el Perú sí ha tenido otros logros destacables, como el reasentamiento poblacional en Morococha –de unas 10.000 personas–, o casos notables de negociación como el de Quellaveco.

Servinacuy minero

En medio de la tensión que a principios de la década pasada se vivió en Piura por las protestas contra el proyecto aurífero que intentaba posarse sobre Tambogrande, la minera junior canadiense Manhattan Minerals optó por revisar la casuística internacional para diseñar un discurso que demostrara su viabilidad en una zona fundamentalmente agrícola.

Paul Sweeney, CEO de la compañía minera, afirmó por entonces que las relaciones con las comunidades en Tambogrande eran buenas, aunque luego la experiencia terminaría por desmentirlo. En la consulta popular que se llevó adelante en la zona buscando aprobación social, el proyecto de Manhattan sufrió una derrota aplastante. La negativa de la población se dio pese a que un grupo de profesionales y dirigentes de Tambogrande –incluido el alcalde– fue invitado a visitar y conocer la experiencia de la mina Candelaria, cerca de Copiapó (Chile). El objetivo era, supuestamente, convencerlos de que una feliz convivencia entre minería y agro sí era posible.

Pero sobre este caso, citado internacionalmente como una supuesta experiencia positiva agro-mina, existe un estudio elaborado por CooperAcción según el cual no todo es como parece. El informe revela que Manhattan, en su objetivo de convencer a los piuranos, omitió detalles importantes al tomar como ejemplo el caso chileno. La mina, por ejemplo, tenía poco tiempo operando, lo que no permitía observar las consecuencias a largo plazo de la convivencia entre ambas actividades. El caso de Copiapó tampoco podía servir para hacer un paralelo con el proyecto peruano, toda vez que la zona de Chile donde se instaló no está sujeta a las complicaciones de suministro de agua que sí se dan en Tambogrande.

A propósito de las consecuencias a largo plazo, un informe del 2009 elaborado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile da cuenta de las preocupaciones que experimentaban desde el gerente de las mineras hasta el más pequeño de los agricultores: como consecuencia de ambas actividades y de los mecanismos de venta de derechos de agua, se habían sobreexplotado las fuentes y se había llegado a un estrés hídrico crónico. El informe también detalla los conflictos que ocurrieron entre agricultores locales y la minera Candelaria por el uso de pozos y aguas tratadas.

“He tenido la oportunidad de visitar la zona [Copiapó] varios años después del conflicto de Tambogrande, y no es un buen ejemplo”, afirma José de Echave, director de CooperAcción. “Los agricultores tienen demandas judicializadas contra la minería en esa zona”.

Otro caso usado por Manhattan para promover su proyecto a partir de la comparación fue el de Martha Mine, en Nueva Zelanda. Un documento elaborado por el geólogo Robert Moran para Oxfam señaló que si bien se trataba de una mina de oro y plata en una zona agrícola, la coexistencia de esta actividades –como en Copiapó– era demasiado reciente como para sacar conclusiones, y, además, la frecuencia y el nivel de lluvias la convertía en un caso poco preciso para comparar con la realidad piurana.

Un tercer caso citado como ejemplo fue el de la mina Stillwater, en Estados Unidos. Pero aquí, en un informe del 2005, CooperAcción señaló también otras omisiones: la composición química de los minerales explotados era distinta de la de Tambogrande, que en el área circundante solo se cultivaban pastizales y que la villa más cercana se localizaba a más de 50 kilómetros de distancia. 

Puntos encontrados

Luego de listar los casos precedentes, surge una nueva pregunta: ¿es entonces imposible la convivencia entre agro y minería? “La respuesta se relativiza dependiendo del tipo de agricultura del que estamos hablando, y del tipo de minería también. No todos los yacimientos son iguales y no toda la agricultura lo es. No es lo mismo una agricultura de pastizales que una frutícola”, afirma  José de Echave. E insiste que en el Perú no se ha dado hasta el momento un caso de coexistencia entre minería y agricultura intensiva o de mediana envergadura, como la que hay en el Valle de Tambo.

Rómulo Mucho, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), discrepa. Mucho considera que este fenómeno sí ha ocurrido en nuestro país. Pone el ejemplo de minera Cerro Verde, en Arequipa. “La presa de relaves está cerca del valle de Uchumayo. No es un valle muy fructífero, porque es angosto, pero en las tierras aledañas se producen cebollas”, asegura, aunque, como él mismo declara, no se trata de una agricultura de escala similar a la del Valle de Tambo.

Cerro Verde no ha estado libre de conflictividad social. Hace poco, según reporta el diario arequipeño El Búho, representantes de la Junta de Usuarios La Joya Antigua criticaron que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) haya autorizado la reutilización de aguas residuales tratadas para uso minero, lo que afectaría el suministro para el agro. Se trata definitivamente de un problema serio, aunque no haya escalado en magnitud.

Pero un caso que según Mucho se asemeja un poco más al del Valle de Tambo es el de la minera Colquisiri, en Huaral. Se trata de una mina polimetálica asentada en pleno valle, con extensos cultivos de naranjas a menos de un kilómetro de la operación. En el 2011, según medios locales, hubo quejas por parte de dirigentes de centros poblados de Jecúan, Cerro Cenizo y Tres Estrellas, quienes acusaban a la minera de afectar la producción agrícola de la zona y poner en riesgo la salud como consecuencia de un mal manejo de relaves.

“El tema pasa por que la mina controle todas sus emisiones y use tecnología. Así es totalmente viable. Esto sucede en Canadá, Estados Unidos, Australia, Chile”, declara Mucho. “Yo creo que en el Perú es totalmente factible la coexistencia. Y afirmo que Tía María no va a afectar el valle”.

Otro componente importante para la paz y la buena vecindad es la participación de la mina en la promoción del agro. Ricardo Labo, de Labo Mining Strategies, destaca el caso de la mina Northparkes, en Australia. En el 2012, el diario The Australian detalló el caso de la incursión de la mina en una de las zonas agrícolas más ricas de Nueva Gales del Sur. Durante varios años hubo disputas entre los campesinos y mineros por el uso que se les iba a dar a las tierras. Hasta que en 1997 la empresa entró a invertir decididamente también en agricultura. Así, Northparkes añadió a su estructura organizacional un negocio agrícola que no es pequeño: según Mining Weekly, solo el 30% de las tierras de la compañía son usadas para explotar oro y cobre; el resto está ocupado por hectáreas donde se cultiva cebada, trigo y canola.

Como señala The Australian en su artículo, si bien la agricultura no representa una gran ganancia para Northparkes, las tierras han servido para probar nuevos métodos de cultivo y hacer que las localidades circundantes se desarrollen. Incluso hubo un año –el 2003– en que las pérdidas de la minera fueron de alguna manera atajadas por las ganancias de la rama agrícola de su negocio. En este caso específico, incluso los cultivos de la propia minera servían como zona de amortiguación entre las operaciones propiamente mineras y las tierras agrícolas privadas de sus vecinos. ¿Será posible hacer esto en el Perú? ¿Qué empresa minera criolla podría tener esta visión?