En el 2008 el Ministro de Agricultura, Ismael Benavides, prometió una represa para el valle. No se concretó.

En el 2008, el entonces ministro de Agricultura, Ismael Benavides, viajó a Cocachacra para reunirse con el presidente de la región Arequipa, Juan Manuel Guillén. Allí, ambos funcionarios firmaron un convenio para poner en marcha la construcción de la represa de Huayrondo, con la que se beneficiaría al valle de Tambo. La noticia fue grata para una zona que durante años ha padecido –y que sigue padeciendo– por la calidad de agua que recibe (las aguas del río Tambo tienen elevadas concentraciones naturales de boro) y por la disminución del caudal en meses de estiaje, que la empeora.

 

Ambas partes se comprometieron a aportar el millonario financiamiento de una obra que embalsaría entre 40 y 50 millones de metros cúbicos (MMC) de agua y que mejoraría más de 9.000 hectáreas cultivadas en Islay. La implementación de la represa habría generado puestos de trabajo e impulsado el desarrollo. Dinero no faltaba, pues el Poder Ejecutivo y el Gobierno regional contaban con S/. 30 millones para iniciar la construcción, que debía ocurrir durante los primeros meses del año siguiente. Pero no pasó nada.

 

“Sí, pues, vino Benavides. Luego trajeron maquinaria solo para levantar polvo y hacernos creer que ya estaba iniciándose la construcción”, dice Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía-Mollendo. La represa de Huayrondo no se construyó, pero ya se habían elevado las expectativas de la población. “Quisieron hacer este subproyecto para reemplazar otro mayor que no pudo llevarse a cabo. Mostraron hasta los cheques. Fue una movida equivocada”, opina el sociólogo Víctor Caballero, exjefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros.

 

El frustrante caso de la presa de Huayrondo es solo una de varias promesas que han jugado con las esperanzas de un valle donde el suministro de agua es fundamental. Se trata de un problema que puede rastrearse décadas atrás, mucho antes de la amenaza inminente que representa Southern Copper y su proyecto Tía María. “Es un pueblo que viene sufriendo derrota tras derrota. A las que se sumó una más, la del conflicto del 2011, que acabó con tres muertos. Pensaron que la mina se iba, pero no. Se paralizó y ni siquiera les resolvieron el problema del agua”, afirma Caballero.

 

Primeros choques

La cuenca del río Tambo la comparten Arequipa y Moquegua. Se debe tomar en cuenta que el río es una ramificación de otros nacidos en Puno y que actualmente el número de hectáreas irrigadas en Islay duplica las de Moquegua. La mayor parte del recorrido del río está en esta última región, pero se aprovecha más en el valle de Tambo, en Islay, Arequipa.

 

A fines de la década de los setenta empezó a planificarse el proyecto Pasto Grande, en Moquegua, con el objetivo de irrigar las pampas de dicha región. Como parte de la primera etapa de este proyecto se construyó la represa de Pasto Grande para embalsar cerca de 200 MMC y almacenar las aguas de varios ríos, incluido el Vizcachas, uno de los principales tributarios del río Tambo, que luego son derivadas a la cuenca del río Moquegua. Esta obra se inauguró en 1989. Y a partir de ese momento el valle de Tambo, en Arequipa, vio disminuir el caudal del río que finalmente lo irriga. “Desde entonces empezó una enorme pelea entre moqueguanos y arequipeños, porque estos últimos se vieron afectados”, comenta Víctor Caballero. Esta fue la primera batalla perdida.

 

Antes de la construcción de la represa de Pasto Grande, recuerda Marilú Marroquín, el Estado prometió al valle de Tambo dos proyectos de irrigación: Yarando (1979), que iba a beneficiar mil hectáreas y a embalsar 40 MMC, y Pampas del Alto Tambo (1982), con una reserva de 14 MMC. Ninguno se concretó, “porque hubo desinterés de las autoridades”, afirma.

 

Así, el valle de Tambo vio disminuir su suministro de agua sin poder hacer mucho al respecto, solo existía la obligación de la represa de Pasto Grande de proporcionarles 8,2 MMC anuales del embalse para beneficiar esta zona de Islay. “Ya desde 1992 nos empieza a faltar el agua. Por entonces empieza la penuria para el valle de Tambo… a estirarle la mano a Pasto Grande para que nos dé el agua”, señala Marroquín.

 

Según el ingeniero Otto Hito, agricultor y técnico de dos juntas de usuarios del valle de Tambo, Pasto Grande no “suelta el agua” que debe y a veces les proporciona menos, lo que hace que el caudal del río baje hasta 9 m3 u 8 m3 por segundo en los meses de estiaje. “Esa cantidad no es suficiente para sembrar el arroz. A veces tenemos que sembrarlo de forma tardía”, dice Hito, y agrega que esta situación ocurre desde hace diez años.

 

La guerra del agua

Durante los primeros meses del 2003, Moquegua y Arequipa se enfrascaron en una tensa disputa por las aguas de Pasto Grande. Desde mediados de los noventa, según indica un informe de la revista Caretas, Moquegua abría las compuertas de la represa para beneficiar a Arequipa ininterrumpidamente, pero aquel año no lo hizo.

 

La tensa coyuntura se convirtió en conflicto cuando Moquegua decidió no proporcionar el agua que estaba comprometida a dar al valle de Tambo. Esto ocurrió en setiembre, justo al inicio de los meses de estiaje, en los que, además de disminuir el caudal del río que llega a Islay, aumenta la concentración de boro.

 

En noviembre, los arequipeños bloquearon la carretera Panamericana Sur, en demanda de más agua. Los mercados se desabastecieron en ambas regiones. Mientras tanto, Daniel Vera, presidente de la región Arequipa, y Cristala Constantinides, presidenta de Moquegua, se enfrascaron en una lucha verbal con amenazas de radicalización por ambas partes. “Los moqueguanos se movilizaron con una consigna: ni una gota de agua para los arequipeños”, recuerda Víctor Caballero.

 

Por entonces el proyecto Pasto Grande estaba bajo la administración del Instituto Nacional de Desarrollo y se iba a transferir al Gobierno Regional de Moquegua (GRM), lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, a la vez se creó la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica de Tambo-Alto Tambo-Moquegua, a mediados de diciembre. Dicho organismo tendría el poder de decisión en materia de uso y conservación del agua en el valle de Tambo y en Moquegua.

 

A mediados de enero del 2004, cuando iba a formalizarse dicha autoridad, hubo actos violentos en protesta por parte de los moqueguanos que habían acatado un paro desde el día anterior. Incluso Constantinides habría abofeteado a un funcionario en medio del barullo creado para frustrar la reunión de instalación del organismo autónomo.

 

“La autoridad, para todo el río, iba a estar en Islay. Los moqueguanos se opusieron, porque en términos de recorrido se considera más moqueguano que arequipeño. Así que el Gobierno desistió e hizo dos autoridades, una en cada región. Fue una segunda derrota para el valle de Tambo”, comenta Víctor Caballero.

 

Esta división se hizo efectiva con las Resoluciones 0745 y 0758 del Ministerio de Agricultura (Minagri), emitidas el 2005, que delimitaban los distritos de riego. El presidente regional de Arequipa; los alcaldes de Islay, Cocachacra, Mejía y Punta de Bombón; y las Juntas de Usuarios de Tambo, La Ensenada-Mejía-Mollendo y Punta de Bombón presentaron impugnaciones que fueron denegadas al año siguiente. “Seccionaron la cuenca para que nosotros no tuviéramos injerencia en la administración de los ríos Chilota, Chincune, Vizcachas y la subcuenca del Carumas”, afirma Marilú Marroquín.

 

Un parche

Como compensación, en el 2004 se planteó una represa que, finalmente, beneficiaría al valle de Tambo. Así, se propuso la de Paltiture, en territorio moqueguano, que almacenaría 30 MMC. Los recursos para la construcción provenían del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y del Minagri. Sin embargo, también hubo oposición.

 

La represa de Paltiture iba a construirse sobre los terrenos de la comunidad de Tolapalca. Los perfiles técnicos para la obra estaban aprobados, había financiamiento e incluso una empresa ya contaba con la buena pro del proyecto. Pero los comuneros no estaban de acuerdo: el proyecto no los iba a beneficiar y, peor aun, iban a ser desalojados. “El planteamiento de la compra de las tierras de la comunidad de Tolapalca, y su pedido de ser resarcidos con nuevas tierras en la parte baja de Moquegua, no fueron aceptados por el GRM. Y eso frustró el proyecto”, cuenta Víctor Caballero.

 

La obra tuvo que ser abortada en el 2007. Entonces se resolvió el contrato que ganó el Consorcio Hídrico Moquegua, y el valle de Tambo, una vez más, saboreó la derrota. Fue la tercera.

 

Rápidamente se buscó una solución: la represa de Huayrondo –cuyo caso detallamos al principio de este artículo–. Ubicada en territorio arequipeño (Islay), esta obra representaba un beneficio directo para el valle de Tambo y minimizaba el riesgo de conflicto. Pero fue otro fracaso. Una cuarta derrota para el valle de Tambo.

 

Jorge Montenegro, actual viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Minagri, afirma que la represa, además de ser muy costosa debido a condiciones del terreno, iba a tener una vida útil de apenas 20 años, muy por debajo de los 50 años que normalmente duran este tipo de obras de infraestructura. Pero ¿por qué anunciaron la obra de esa manera, elevando las expectativas de la población? Montenegro intenta una explicación: “Las ideas de proyecto se dan y, al evaluar, se descarta o se avanza. En este caso, no fue favorable”.

 

Es en este contexto de expectativas frustradas y promesas fallidas que Southern Copper –empresa de la que es fácil desconfiar (ver cuadro)– realiza las exploraciones y el primer estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María. Antes, el valle de Tambo ya había sentido amenazado su suministro de agua por el proyecto Quellaveco de Anglo American, que iba a usar las aguas embalsadas en Pasto Grande. La minería ya se veía como un grave riesgo para el agro en la región.

 

Paltiture, una vez más

Durante el 2009 se registraron enfrentamientos entre pobladores de Cocachacra y la Policía Nacional. Hubo un paro contra el proyecto. A fines de setiembre, se llevó a cabo una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, cuyos resultados evidenciaron un 90% de oposición al proyecto Tía María.

 

El último reporte de la Defensoría del Pueblo de aquel año registra que Southern Copper propuso a la población de Islay participar en la construcción de la represa de Paltiture. Una vez más se echaba mano de este proyecto, que se había frustrado años antes.

 

En el 2011 el proyecto Paltiture dio visos de dinamismo. Según reportó en enero la edición sur del diario La República, sería una obra birregional, que también beneficiaría a Moquegua, lo que implicaba un aumento del embalse. El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, anunció que se actualizarían los expedientes del proyecto y que existían los recursos para financiar la inversión.

 

Al mes siguiente, Paltiture volvía a enfrentar un escollo: la región Puno solicitó ser consultada sobre la obra. ¿Por qué? La zona del embalse de la represa, a pesar de estar en territorio moqueguano, alcanzaba a comunidades puneñas cercanas al límite interregional. Hubo oposición y, una vez más, no se llegó a un acuerdo. Y el proyecto volvió a quedar en el aire.

 

Para abril del 2011 se registraron los peores enfrentamientos hasta ese momento por Tía María. La represión policial ocasionó la muerte de tres personas de la provincia de Islay. Y el proyecto minero se suspendió.

 

¿Una letra hace la diferencia?

“Pasto Grande le quitó disponibilidad de agua al valle de Tambo. Siempre han tenido este inconveniente. Entonces, cualquier proyecto que entra, como Tía María, va a generar preocupación”, reflexiona el economista Juan Aste, asesor de la congresista Verónika Mendoza. A pesar de ello, agrega, los agricultores han mejorado la eficiencia y el rendimiento por hectárea en cultivos altamente demandantes de agua, como el arroz.

 

En el valle de Tambo se cultiva papa, ajos, cebollas, arroz y páprika. En sus cerca de 15.000 hectáreas se ha desarrollado una agricultura próspera, de ribetes empresariales. Sin embargo, la frontera agrícola no puede expandirse mientras el agua siga siendo un impedimento.

 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), en comunicación con PODER, señaló que el mayor problema del valle de Tambo radica en la calidad del agua, debido a que la zona alta de la cuenca es de formación volcánica y presenta de manera natural, como hemos mencionado, altas concentraciones de boro. Este elemento –continúa la ANA– afecta directamente los cultivos instalados en el valle. El organismo plantea como solución que se incremente la cantidad de agua en los meses sin lluvia. Y para esto se ha propuesto la represa de Paltuture (no confundir con Paltiture).

 

Jorge Montenegro, el viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, comenta que la represa de Paltuture se realizará a seis kilómetros del territorio donde se iba a construir Paltiture. Asegura que esto no generará problema alguno con Moquegua ni con Puno. Tendrá una capacidad de almacenamiento 84 MMC y permitirá el mejoramiento de 13.000 hectáreas instaladas y la ampliación de mil más para el valle de Tambo y otras mil para Moquegua. Es un proyecto de uso compartido.

 

¿Por qué demoró tanto este proyecto, tomando en cuenta lo ocurrido el 2011 alrededor de Tía María? Montenegro afirma que fue porque se empezó desde cero –desde la elaboración del perfil técnico–, pero que hoy ya se han avanzado varios pasos. Y desde el año pasado han iniciado conversaciones con las juntas de usuarios. “Esperamos poner la primera piedra este año”, concluye.

 

La historia de promesas rotas del valle de Tambo ha asentado el escepticismo en su gente. Sobre la represa de Paltuture, Marilú Marroquín, de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía-Mollendo, se muestra incrédula. “Hasta la fecha no han comprado los terrenos, porque tienen que comprarlos o expropiarlos. Los comuneros recién van a determinar, de acuerdo con el diseño del proyecto, si van a darlos o no”, advierte.

 

Otto Hito, técnico de dos juntas de usuarios del valle de Tambo, tiene una posición similar. “Nos están dando una represa que no es de Arequipa”, asegura. Por deficiencia en el mantenimiento, según informa la edición sur del diario La República, las aguas de Pasto Grande se han contaminado. Hito considera que si esto ocurre con Paltuture, la situación será peor: del total les darán 30 MMC, dice. “Seguro va a pasar lo mismo”.

 

Vistas las cosas en esta perspectiva, no hacía falta que llegará un proyecto como Tía María para desatar la desconfianza de un valle que ha sufrido tantas derrotas. Pero ocurrió. Hoy, varias víctimas más tarde, Southern Copper ha optado por una pausa de 60 días para distender el conflicto. Pero ¿en dos meses se logrará aplacar los temores causados por un problema con tantos años de historia? Difícil de creer, pero no queda otra salida que intentarlo.

 

Las dudas sobre Southern

“Había muchas preguntas sobre el EIA. ¿Se va a contaminar el agua? ¿Los vientos van a traer de vuelta el polvo de las voladuras cuando se inicie la explotación del tajo? ¿La cercanía con el río es un riesgo muy grande? ¿Qué pasa si el ducto que va a devolver la salmuera al mar se rompe? Y la gente tiene derecho a saber”, afirma Rolando Luque, de la Defensoría del Pueblo. Pero a la vez lamenta que el diálogo se haya frustrado, por parte de los dirigentes, la semana previa a la “pausa” de Southern Copper.

 

Las preguntas surgen de la desconfianza que ocasiona el historial de la empresa. El portal Actualidad Ambiental menciona seis razones de la suspicacia hacia Southern: durante 36 años contaminó con relaves mineros la bahía de Ite, en Tacna; en Ilo ha emitido cuatro veces y medio más del límite de dióxido de azufre permitido –además, esta empresa es la principal opositora de la implementación de estándares de calidad ambiental–; a causa de filtraciones en su embalse de relaves, contaminó la irrigación de Pampa Sitana, en Tacna; la mina de Toquepala puso en riesgo las lagunas de Candarave; además, dicha operación funciona con licencias de agua de hace más de 50 años. Finalmente, Southern Copper es una de las diez empresas más multadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

 

En el 2007, Southern anunció que concluyó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su función de Ilo. No obstante, al año siguiente la empresa fue sancionada por no haber cumplido con dos proyectos comprometidos en dicho instrumento. ¿Qué ocurrió? Para conversar sobre este punto y los anteriores, PODER coordinó una entrevista con el OEFA, que fue cancelada a último momento. Southern Copper, por su parte, dijo que no daría declaraciones.

 

Finalmente, un informe de Convoca.pe reveló que el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María no incluyó el Estudio de Factibilidad para la planta desalinzadora, punto crucial que fue una de las causas por las que se desestimó el primero. De otro lado, el nuevo EIA tampoco detalla cómo se gestionará el impacto en el ambiente que generarán los desechos, consecuencia del incremento del volumen en la extracción de minerales. También hay controversias en torno a la medición de la calidad de aire, pues los puntos de control se encuentran muy lejos de los tajos del proyecto lo que no permitiría un adecuado monitoreo.