En febrero pasado, PODER dio a conocer el oscuro e ilegal acuerdo entre el Fondo de Salud de la Policía (FOSPOLI) y el Laboratorio Baxley Group, que permitió, durante cinco años, millonarias compras de medicamentos sin mediar concurso público ni licitación alguna. Revelado el entuerto, FOSPOLI dio por terminado el negocio, pero la farmacéutica quiere seguir cobrando, y amenaza con juicio.


Farmacodependencia en la Policía Nacional” fue el nombre de la investigación de la revista Poder que reveló una ilegal relación comercial entre el Fondo de Salud de la Policía (Fospoli) y Laboratorios Baxley Group. Esta farmacéutica consiguió venderle a la entidad estatal medicamentos por S/. 32 millones en sucesivas transacciones, durante cinco años, sin que se haya convocado para ello ni a concurso ni a licitación pública.

Pero este ilegal acuerdo entre una institución pública y una empresa privada no solo vulneró la Ley de Contrataciones Públicas, sino que benefició a Baxley Group con una serie de acciones que le facilitaron el negocio. Una de ellas, por ejemplo, fue la instalación de farmacias al interior de los hospitales que administra Fospoli. Así, centros de distribución de medicamentos fueron implementados en el Hospital de la Policía Luis N. Saenz, en el Hospital Augusto B. Leguía y en el Hospital Geriátrico San José. Los espacios fueron cedidos libremente, y sin contrato de alquiler.

Pero la investigación de Poder también reveló otra serie de hechos irregulares en torno a este ilegal negocio: la relación comercial no contaba con ningún contrato ni acuerdo firmado; el sistema de adquisición de medicamentos se basaba en un acuerdo verbal que había traspasado gestiones; y los precios de los medicamentos que Fospoli adquiría de Baxley Group eran los más caros del mercado. Había, sin embargo, una arista de la historia aún más grave y preocupante.

El informe también dio a conocer los casos de Miguel Moreno Fiestas y de Yrene Guismondi Elías, ambos usuarios de los servicios de los hospitales de la PNP. Sus firmas aparecieron en guías de entrega de medicamentos que jamás recibieron. Ambos aseguran que Baxley Group falsificó sus rúbricas en documentos de recepción de medicinas que nunca pasaron por sus manos. Se trata de recibos con los que la farmacéutica cobró dinero de Fospoli. Esta sería una práctica extendida, con la que Baxley Group habría cobrado fraudulentamente dinero que no le correspondía recibir.

¿Qué pasó tras la publicación?

Puesto al descubierto el secreto negocio de la farmacéutica y los hospitales de la PNP, son varios los hechos que se han suscitado. Inmediatamente después de la publicación del informe, el Laboratorio Baxley Group cursó un documento al gerente de Fospoli, Raúl Castro, cobrando por el último lote de medicamentos entregados. La carta notarial, de fecha 12 de marzo de este año, le recuerda al Fondo de Salud de la Policía una deuda pendiente de S/. 2.7 millones.

La misiva es firmada por Marco Hurtado Pazos, gerente general de Baxley Group, quien le negó una entrevista a Poder durante la investigación de estos hechos, a inicios de este año. En el documento, el gerente hace esfuerzos por formalizar la relación con Fospoli, refiriendo “una Guía de Procedimientos donde se estableció la forma de atención con medicinas, y la posterior emisión de un decreto, con lo cual nos han venido pagando regularmente”. Lo que el gerente de la farmacéutica no esperaba era la respuesta que recibiría de la institución pública.

En respuesta a la solicitud de pago, Fospoli decidió cerrar su caja a Baxley Group. El actual gerente, vía Memorandum Nº 61-A-2015, ordenó al área de Administración, “Comunicar a la empresa Droguería Laboratorio Baxley Group que debido a que no existe un contrato o convenio suscrito con Fospoli, no nos es posible atender su requerimiento, dejando a salvo el derecho de la empresa de efectuar las acciones legales que estime conveniente”. La respuesta, por supuesto, no ha dejado contenta a la empresa.

Poder confirmó, en colaboración con el periodista Walter Chirinos, que la farmacéutica se presta a formalizar un proceso de arbitraje contra Fospoli, segura de tener la razón en el caso. Baxley Group intenta de esta manera cobrar dinero de una relación que, desde un inicio, vulneró no solo la Ley de Contrataciones Públicas, sino que careció de todo viso de legalidad. 


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