Foto: peru21.com

Este informe apareció originalmente en la edición impresa de PODER en noviembre de 2014. Detalla los tejes y manejes financieros de personajes y empresas asociados a quien era entonces el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, a uien quizá le caiga pronto la noche en las secuelas del escándalo de corrupción que hoy sacude a la organización que lo apañó y lo protegió, la FIFA. 


Sucursal San Luis del BBVA, 16 de Octubre del 2007. Un hombre espera distraído en la cola de clientes. Afuera la ciudad se mueve con apuro, pues la selección peruana de fútbol que conduce Chemo del Solar juega esa tarde frente a Chile. Aunque el señor de la cola es un apoderado legal de la escuela de entrenadores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) —conocida como “Instituto Alfonso Huapaya Cabrera”—, ese partido por las eliminatorias de Sudáfrica 2010 parece no ser una de sus preocupaciones.

 

Al llegar a la ventanilla, realiza una transferencia de S/. 30.000: la cuenta de origen pertenece a dicho instituto —organización hacia la que, como veremos más adelante, se desviaron los millonarios recursos del fútbol peruano—, y la de destino, a la Constructora Torre Roja S. A. C., una empresa inmobiliaria que todavía no había puesto un ladrillo sobre otro para levantar edificio alguno en la ciudad. 


Tres días más tarde, el depósito sería más generoso: S/. 142.645. Antes de haber terminado el año, y en menos de tres meses, se movería más de medio millón de soles desde las cuentas del Instituto Huapaya hacia las de la Constructora Torre Roja. 


¿Quién es la persona encargada de las transferencias? Se trata de Enrique Alejandro Pacheco Farromeque, designado por Manuel Burga como director del Instituto Huapaya y a su vez socio y gerente general de la inmobiliaria beneficiada con los recursos.


Los movimientos de dinero coinciden con el inicio del primer proyecto inmobiliario de Torre Roja, empresa que, según consta en Registros Públicos, en marzo del 2007 adquirió un terreno de 500 m2 en Surco por un valor de US$ 190.000, para hacia finales de ese año recibir un crédito para la construcción de su primer edificio. ¿Fueron los recursos del Instituto Huapaya destinados al inicio de operaciones del primer proyecto inmobiliario de Torre Roja?


Documentos que pudieron ser analizados para esta investigación revelan, además, que desde agosto del 2007 hasta junio del 2008 ingresaron a las cuentas de la constructora S/. 2.892.156,78 y US$ 946.251,19. Igual de llamativo es que, de ese total, S/. 1.528.930 y US$ 272.651 fueron depositados en efectivo. 


¿Cómo así el dinero de la “selección de todos” fue a parar a las cuentas corrientes de una inmobiliaria administrada por terceros? ¿Cuántos millones se desviaron y cuál fue la ruta del dinero? Para responder a estas preguntas es necesario volver al inicio de la gestión de Manuel Burga en la Federación Peruana de Fútbol en el año 2002.


EL SOCIO Y EL INSTITUTO


Parte de esta historia fue contada durante la semana previa a la frustrada elección presidencial en la Federación del 30 de octubre, en la nota: “El ‘cambiazo’ que salvó a Burga”, publicada en el blog de la revista PODER en el portal LaMula.pe. 


Es necesario recordar tres momentos clave que le abrieron paso al dinero en su ruta desde la FPF hacia manos desconocidas. Primero, la constitución irregular del Instituto Huapaya y su subsecuente clonación en otra entidad de igual nombre. Segundo, la creación de la Constructora Torre Roja. Y, finalmente, la suscripción de un convenio de intermediación financiera entre la FPF y el Instituto Huapaya. 


Todo se inicia en octubre del 2001 con la conformación de una escuela de entrenadores de fútbol, el Instituto Alfonso Huapaya Cabrera. Este instituto fue creado por Resolución del Ministerio de Educación 462-2001-ED, y operó desde entonces en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna). La institución funcionaba con unos 80 alumnos por semestre, quienes abonaban aproximadamente 200 soles mensuales. Su director era José Chiarella, el entrenador de la selección peruana para la Copa América de 1979. 


En octubre del 2002 Burga asume la gestión de la FPF, y es en julio del 2003 cuando las cosas comienzan a enturbiarse. Para ese momento ya caminaba por los pasillos de la Videna quien es, junto a Manuel Burga, el coprotagonista de esta historia de extraños manejos en el seno del fútbol peruano: Enrique Alejandro Pacheco Farromeque. Kiko, como lo conocen sus amigos, es un bachiller en Derecho del código 85 de la Universidad Católica que pasó de ser asesor de Manuel Burga en la FPF a reemplazar a Chiarella en la dirección del Instituto Huapaya. 


No se ha determinado exactamente con qué criterio se tomó esa decisión. La única actividad económica conocida de Pacheco hasta ese suceso había sido la compra y venta de automóviles, por lo que no queda claro qué calificaciones tomó en consideración la Junta Directiva de la Federación —en la que no solo participaba Burga, sino también su actual opositor, Freddy Ames— para darle el cargo de director de una escuela de entrenadores. 


Lo cierto es que, cuando la Junta Directiva intentó formalizar el cargo de Pacheco frente al Ministerio de Educación, se vio frente a un obstáculo: Kiko solo contaba con el grado de bachiller y, como tal, no podía dirigir una institución educativa ni firmar certificados a nombre de la Nación. Burga y su directiva sortearon el problema presentando ante el Ministerio al padre de Kiko, cuyo nombre era casi igual al de él: Enrique Alejandro Pacheco Velarde, un jubilado y extrabajador del Estado, quien prestó el nombre que figura en la Resolución Directoral 004539-2003 DRELM del 29 de octubre del 2003. A padre e hijo los diferenciaba solo el segundo apellido, hecho que facilitaría luego que fuese Kiko quien asumiese las funciones que legalmente le correspondían a su padre.


Un año después se produjo el segundo hecho irregular. Kiko Pacheco recibió facultades para inscribir al Instituto Huapaya tanto en la Sunarp como en la Sunat. En diciembre del 2004, unos días después de recibir la luz verde de Burga, registró al Instituto Huapaya en Sunat, mas no lo hizo en la Sunarp. Tres meses después iría a Registros Públicos, pero para inscribir a otra persona jurídica, con el mismo nombre pero distinta al instituto autorizado por el Ministerio. De ahí en adelante, y gracias a esta confusión, la Asociación Civil Instituto Superior Tecnológico Alfonso Huapaya Cabrera (para efectos de este informe, Asociación Civil Huapaya) pasó a utilizar el RUC de la institución educativa a la que clonó; es decir, el del Instituto Superior Tecnológico Alfonso Huapaya Cabrera (de ahora en adelante, Instituto Huapaya).


Los buenos tiempos habían empezado para Kiko Pacheco. Según el informe de una comisión investigadora del Congreso, presidida por Renzo Reggiardo en el 2009, en los cuatro años que siguieron al inicio de funciones en la Asociación Civil Huapaya, sus cuentas personales registraron ingresos por más de un millón de dólares. En ese periodo también adquirió cuatro inmuebles —incluyendo una casa de playa—, una veintena de vehículos y una embarcación marítima. 


En noviembre del 2005, su aparente buena estrella en los negocios lo llevó a constituir una nueva empresa, la Constructora Torre Roja S. A. C. En la conformación de la inmobiliaria aparecen como socios dos personas más. Sospechosamente, una de ellas también pertenece a la Asociación Civil Huapaya: su primo Miguel Martín Farromeque Duharte. El tercero salió de la sociedad pocos meses después de ser fundada.


Torre Roja inicia operaciones en abril del 2006, pero no tiene movimientos bancarios significativos hasta julio del 2007, momento clave en nuestro itinerario.


Julio César Uribe había sido destituido del cargo de director técnico (DT) de la selección luego de la eliminación de la Copa América, tras sufrir una goleada de 4-0 frente a Argentina en Barquisimeto. Su lugar fue ocupado por José “Chemo” del Solar, quien quedaría al frente de la campaña más desastrosa en la historia de nuestro fútbol. 


Mientras afición y prensa se distraían con el cambio de entrenador, Manuel Burga y Kiko Pacheco suscribían una adenda al convenio firmado entre la FPF y el Instituto Huapaya (recordemos que nos referimos al original, al creado por el Ministerio de Educación) por la cual este último administraría los dineros de la FPF, lo que le permitía tener acceso a los millonarios ingresos que generan los derechos de televisión y patrocinio.


Acá se produce la siguiente irregularidad. Si bien el convenio estipulaba que la intermediación financiera se haría a través del Instituto Huapaya, en la práctica las cuentas bancarias que se terminaron utilizando fueron las de la Asociación Civil Huapaya. Así, con la asistencia de Kiko Pacheco, los fondos de la FPF podían ser ahora de libre disposición.


SE ABREN LAS COMPUERTAS 


Lo que sucede entre las cuentas bancarias de la Asociación Civil Huapaya y las de la Constructora Torre Roja en el periodo comprendido entre agosto del 2007 y junio del 2008 tiene los ingredientes suficientes para hacer saltar de su asiento hasta al observador más desprevenido. 


Documentos de la investigación policial que se inició en el 2010, y a los que tuvo acceso PODER, revelaron que solo entre julio y diciembre del 2007 se registraron movimientos bancarios en una cuenta de la Asociación Civil Huapaya del BBVA Continental por un total de S/. 31.225.625.


Una gran cantidad de ingresos en otras cuentas en moneda extranjera de la Asociación Civil Huapaya corresponden a los contratos por derechos de televisión y patrocinio que negocia la FPF. La investigación policial pudo identificar depósitos de Andina de Radiodifusión (ATV) por hasta US$ 3 millones y de Media Networks (CMD) por casi US$ 800 mil en el periodo comprendido entre agosto del 2007 y julio del 2008. 


Pero existen además depósitos en otras cuentas de la misma entidad financiera cuyo origen no pudo ser determinado: US$ 1.125.273 dólares de transferencias del exterior, así como más de US$ 100 mil de ingresos en efectivo. 


Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores y que debió prender las alarmas de alerta en el banco fue la cantidad de retiros en efectivo realizados en el mismo lapso: US$ 206 mil, en ventanilla y por el único apoderado de la Asociación Civil Huapaya registrado en la Sunarp: Kiko. En los meses en los que el Chemo nos llevaba al fondo de la tabla sudamericana, los viajes desde la Videna hasta la sucursal San Luis del BBVA eran casi diarios.


Pero es en la aparición de Torre Roja S. A. C. donde todos los que han investigado a Manuel Burga y a la FPF se detienen con mayor interés. Lo primero que despertó sospechas es que antes de julio del 2007 (es decir, antes de que la Asociación Civil Huapaya comenzara a manejar los dineros del fútbol peruano) las cuentas bancarias de la constructora tenían escaso movimiento. La empresa no tenía oficinas propias y consignaba en los registros un domicilio que en realidad era la vivienda del padre de Kiko Pacheco en el distrito de San Miguel. 


El despegue de la constructora empieza justo entonces. Como mencionamos al inicio de este informe, entre agosto del 2007 y junio del 2008 ingresaron a sus cuentas S/. 2.892.156,78 y US$ 946.251,19, respectivamente. De dichos montos, S/.1.528.930 y US$ 272.651 fueron movimientos en efectivo. Una parte de este dinero vino directamente —y de manera irregular— desde la Asociación Civil Huapaya: S/. 682.645 en seis transferencias bancarias efectuadas entre el 26 de setiembre y el 12 de diciembre del 2007. ¿Por qué la Asociación Civil Huapaya transfirió a una inmobiliaria el dinero que, se suponía, estaba obligada a administrar? Cuando PODER le hizo esa pregunta a Manuel Burga, su respuesta fue que esto habría sido aclarado ya en el proceso por peculado impropio y asociación ilícita para delinquir que se ventila en el 16 Juzgado Penal, y que, en todo caso, “ni un sol de la FPF fue perdido en esa instancia”. 


Pero la actividad bancaria de Torre Roja no solo despierta sospechas por la gran cantidad de depósitos en efectivo recibidos, o porque la Asociación Civil Huapaya le transfiriera fondos, sino por el peculiar flujo de ingresos y egresos. Muchos de los montos depositados eran inmediatamente retirados a través de cheques o mediante egresos en efectivo por el importe exacto. 


Un ejemplo de esto último es lo sucedido en las cuentas de Torre Roja en el BBVA entre el 31 de diciembre del 2007 y el 3 de enero del 2008. En la primera de esas fechas, Kiko Pacheco se acercó a la ventanilla de la sucursal San Luis con una maleta de dinero y realizó dos depósitos: uno por US$ 124.000 y el otro por S/. 1.439.500. Luego del merecido descanso por las fiestas de Año Nuevo, el próspero empresario regresó con la maleta vacía y retiró US$ 123.890 y S/. 1.438.150, es decir, casi lo mismo que había depositado tres días antes. 


LA FISCALÍA TIENE LA PELOTA


Todos los datos recogidos en este informe apuntan a la necesidad de que el Ministerio Público analice la naturaleza de estas transacciones y determine si existió la comisión de algún delito por parte de los involucrados. Más aun si se tiene en cuenta que en días recientes el exsuboficial PNP Dante Gamarra Zuñé denunció que el atestado policial en el que concluía que había responsabilidad penal detrás de los movimientos bancarios y societarios de la FPF, del Instituto Huapaya, de la Asociación Civil Huapaya y de la Constructora Torre Roja había sido cambiado y mutilado sospechosamente por quienes lo relevaron en la División de Lavado de Activos de la DIRINCRI. En su lugar se presentó un parte policial no incriminatorio, en el que se copió y pegó información de su atestado original, pero que dejaba afuera los hallazgos más comprometedores de su investigación. Esta alteración de documentos fue el hecho que permitió el primer archivamiento de la denuncia por lavado de activos presentada por la procuradora Julia Príncipe. 


También es necesario recordar que, de acuerdo con lo manifestado por la procuradora Príncipe, el fiscal Freddy Vizcarra —quien tiene a su cargo la investigación por supuesto delito tributario— negó hasta en siete oportunidades el levantamiento del secreto bancario de los involucrados, y que, debido a las acciones de garantía y a las trabas procesales interpuestas por la defensa de Manuel Burga Seoane y de Enrique Pacheco Farromeque, estos hechos nunca han sido investigados apropiadamente por la Fiscalía. 


Como se recordará, en el año 2009 una comisión del Congreso presidida por Renzo Reggiardo investigó los hechos materia de este reportaje, pero, debido a que su informe fue entregado al terminar la legislatura del 2011, sus recomendaciones nunca fueron aprobadas por el Pleno. PODER pudo comprobar que, desde ese entonces, la Constructora Torre Roja S. A. C. levantó dos edificios multifamiliares más: uno de seis pisos en Barranco (que financió con un préstamo de US$ 916.000 en el 2012) y otro de cuatro plantas en Surco (terminado en el 2013 gracias a una hipoteca de S/. 5.044.000). Una nueva investigación debería determinar si detrás de estos proyectos también se produjo un irregular movimiento de dinero.


No deja de ser curioso que durante el periodo descrito en este informe se produjera el escándalo del Golf Los Incas: horas después de empatar 1-1 con Brasil en el Monumental, los jugadores Andrés Mendoza, Jefferson Farfán, Santiago Acasiete y Claudio Pizarro fueron protagonistas de una juerga que los llevó a ser separados de la selección. Ahora sabemos que el verdadero escándalo ocurría en otro lugar: en una ventanilla de banco, a pocas cuadras de la Videna.  


(Investigación realizada con la colaboración de Carlos Neyra)

(Publicado originalmente en la revista Poder de Noviembre de 2014)