La empresa Southern Copper ha decretado una “pausa” en el desarrollo de Tía María, abriendo la posibilidad, pequeña por ahora, de darle un respiro a la intensa conflictividad que ha asolado la zona (y que se está expandiendo). Es muy probable que sea demasiado tarde, y que las fisuras abiertas en los últimos tiempos entre los promotores del proyecto (incluyendo al gobierno, que parece haber abdicado su función de gobernar, concentrándose únicamente en la de reprimir) y sus opositores, no puedan cerrarse.


Aún así, hay varias pelotas en la cancha de Southern, que las ha venido manejando muy mal; hasta ahora, el rol de la empresa ha sido el de atizar la confrontación (anunciando apresuradamente su retiro o desestimando a quienes protestan como “terroristas”), o el silencio cuando las papas más quemaban. A todo ello en efecto hay que ponerle una pausa.


Le toca a Southern regresar ahora al proceso, demandado por la ley, de obtener licencia social para el proyecto. Y le toca hacerlo con claridad y franqueza. En esencia, debe volver al punto en el que estaba en diciembre de 2013, cuando se realizó la última audiencia pública. Aquella audiencia, cuyo objetivo era absolver las 138 observaciones que la UNOPS le hizo al primer Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, debe ser asumida como inválida, y realizarse nuevamente.


Y debe realizarse de una manera distinta. En diciembre de 2013, la audiencia se realizó a las voladas (30 minutos para presentar un informe de 300 páginas), excluyendo a la población directamente afectada en el valle del Tambo, con un inaceptable cerco policial y con la participación de personal traído desde fuera de la zona, que nada debió tener que ver en el asunto.


La empresa (y el gobierno) debe ahora volver a presentar ese segundo informe, que dicho sea de paso debería ser refrendado por la propia UNOPS o por veedores internacionales independientes. Y debe absolver las preguntas de fondo: ¿se realizó el estudio hidrogeológico ausente del primer EIA? ¿Cómo se responde, con propuestas técnicas viables, a la preocupación por el uso de agua de un estero en la cabecera de la cuenca? ¿Se extraerá oro además de cobre? ¿Es cierto que se está solicitando 4,000 hectáreas para beneficio del proyecto, cuando el EIA sólo cubre 450? Esas, y muchas otras.


La intensidad de la protesta en las últimas semanas, las lamentables muertes ocurridas y la violencia que se desató es Islay, Cocachacra y Arequipa quizá nos hayan hecho perder de vista estas preguntas. La pausa debería servir para volver a enfocarlas y, ahora sí, responderlas con la transparencia que se merecen, y que no ha existido hasta ahora. Quizás, como decíamos, ya sea demasiado tarde para reiniciar el diálogo directo y honesto que demanda la ley. Pero si los días que vienen han de servir para algo, es para el esfuerzo de intentarlo. 


¿Existe voluntad para hacerlo? La forma en se ha llevado el proyecto en el pasado cercano parecería sugerir que no, y el comunicado en el que Southern anuncia la "pausa" tampoco despeja la duda. Ahí, Southern habla de su disposición al diálogo como "empresa socialmente responsable" y atribuye la necesidad de hacer un alto a la violencia de días recientes, pero no reflexiona sobre su propio papel en el conflicto, y mucho menos hace el más mínimo atisbo de mea culpa por su mal manejo de la licencia social. De hecho, parece borrar toda esa historia, pidiendo tiempo para socializar el proyecto como si no hubiera estado en ese trámite, fracasando rotundamente, desde hace al menos tres años. Lo mismo el comunicado que publica hoy (a página entera, en el diario El Comercio) el Grupo México, matriz de Southern Copper. Según Grupo México, todo lo que han hecho hasta ahora, lo han hecho bien, y eso no es cierto. 

 No es un buen inicio. Pero quizás no sea tampoco un final. Ya lo veremos.