Carlos Ramos Heredia, ya destituido, y José Peláez Bardales.

El exfiscal de la Nación José Peláez Bardales se presenta esta mañana ante el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ofrecer su segundo alegato oral por los casos en los que es procesado, es decir, por las acciones que tomó contra un grupo de fiscales que entre 2012 y 2013 investigaron y denunciaron al expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

Al igual que Ramos, Peláez ya había tenido su oportunidad de ejercer su defensa ante el pleno del Consejo, pero solicitó hacerlo una vez más debido a que este organismo cuenta con nuevos integrantes y al exfiscal supremo le interesaba que éstos lo escuchen.

Superada esta etapa, el caso Peláez entraría en la recta final en el CNM, tras casi dos años y medio de investigación por su actuación –reiteramos– como fiscal de la Nación en hechos que están relacionados con aquella nefasta era en Áncash.

Concretamente, a Peláez se le procesa por haber removido del Ministerio Público a diez fiscales provisionales que investigaban hechos de corrupción y crímenes en los que Álvarez y sus principales funcionarios y colaboradores estaban involucrados.

Cuatro de ellos eran los fiscales anticorrupción que en julio de 2011 irrumpieron en el famoso inmueble conocido como ‘la Centralita’, ubicado en la urbanización La Caleta, en Chimbote.

Estos últimos magistrados habían recibido información de que dicho edificio funcionaba como un centro de planificación de operaciones ilegales del aparato de Álvarez, y entonces, como parte de sus pesquisas, decidieron allanarlo con una orden judicial.

Tras ello, los fiscales fueron denunciados y posteriormente separados de la Fiscalía por decisión de Peláez. En paralelo –recuérdese– el fiscal que era entonces jefe de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, inició un proceso sancionador en contra de los mismos.

RETIRADOS Y REMOVIDOS

En el caso de los otros fiscales la historia no fue, en líneas generales, distinta.

Por ejemplo, Yeni Vilcatoma de la Cruz –quien posteriormente sería procuradora anticorrupción– y su adjunto Juan Toledo Calero reabrieron la investigación del caso ‘la Centralita’, que había sido archivada.

En su resolución, la entonces fiscal Vilcatoma señaló uno a uno a quienes consideraba integrantes de la red delictiva de César Álvarez. En dicha relación de nombres resaltaba uno en particular: el de Rodolfo Orellana, que aparece a lo largo del documento en nueve ocasiones.

Pero el entonces fiscal de la Nación no dispuso ninguna investigación.

Más bien, Vilcatoma fue cambiada y enviada a la Fiscalía de Loreto. Según señaló Peláez, dicho cambio se efectuó por pedido de la propia fiscal.

En el caso de Carmen Berrocal Gonzáles, esta abogada fue fiscal penal provisional de Nuevo Chimbote y en el año 2012 investigó el crimen del fiscal de Casma, Luis Sánchez Colona. Las pesquisas de Berrocal consideraban como principal sospechoso de ordenar el asesinato al empresario constructor y proveedor del Gobierno Regional de Áncash, Jack Castillo Castillo.

Por esa razón, Berrocal solicitó al Poder Judicial prisión preventiva para Castillo. El proveedor contaba con una defensa de lujo: la del actual ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero, quien en aquel entonces era socio de Mariano Peláez –hermano del fiscal de la Nación– en el Estudio Peláez.

Semanas después de la prisión preventiva dictada contra el proveedor regional, Berrocal fue retirada de su despacho con resolución firmada por Peláez.

Por cierto, Mariano Peláez también defendió intereses legales de Álvarez Aguilar, como reveló Lamula.pe el 19 de noviembre de 2014.

En cuanto a la fiscal superior anticorrupción, Nancy Moreno Rivera, Peláez dio por terminada su designación en el sistema anticorrupción y enviarla a una fiscalía penal de Huaraz luego de que la magistrada respaldara públicamente a los fiscales Vilcatoma y Toledo por las amenazas de muerte y hostigamiento que venían sufriendo.

Hoy, paradojas de la vida, Moreno es la fiscal superior decana del Santa, es decir, la máxima autoridad del Ministerio Público en dicha provincia.

En Áncash tanta remoción y, en los hechos, despidos sin explicación, tuvieron que provocar en algún momento una reacción.

A fines del mismo 2012, el congresista ancashino Modesto Julca tomó nota de los hechos, se documentó y planteó una denuncia contra el fiscal Peláez ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

La denuncia del parlamentario llegó al CNM en enero de 2013, y dos años y medio después, el proceso que se inició por esta denuncia es el mismo que ahora ha ingresado a su fase decisiva.

FACTOR TIEMPO

Sin embargo, en todo el proceso investigativo, a Peláez lo ha acompañado el factor tiempo. Además de los casi dos años y medio que han transcurrido desde que el exfiscal de la Nación fue denunciado, las semanas siguientes valdrán su tiempo en oro para él. ¿Por qué?

Porque en julio próximo dos consejeros más abandonarán el Consejo por límite de tiempo en sus funciones. Uno, Gonzalo García, es integrante de la Comisión de Procesos Disciplinarios a cargo del proceso contra Peláez, y la segunda, Luz Marina Guzmán, es parte del pleno.

¿Y qué tiene que ver este hecho? Que si García y Guzmán se van antes de que se vote definitivamente la suerte de Peláez, el proceso se “quebraría” por segunda vez. La primera ocurrió cuando los consejeros Gastón Soto, Luis Maezono y Vladimir Paz de la Barra dejaron el CNM, los dos primeros por límite de tiempo, y el tercero, por renuncia voluntaria.

Cuando ello ocurrió, se dio inicio a un proceso para elegir a sus reemplazantes, que en los últimos meses fueron ingresando progresivamente: Orlando Velásquez, Iván Noguera y Guido Águila.

Por lo que, ante el nuevo escenario, en que prácticamente la mitad del Consejo tiene rostros nuevos, Peláez pidió una nueva audiencia para que los flamantes consejeros lo escuchen. Esto es lo que ocurrirá hoy jueves.

En resumen, si llegara a ocurrir un tercer cambio de consejeros y, en consecuencia, un tercer “quiebre”, entonces el caso quedaría anulado definitivamente. Así son las reglas. Por lo tanto, el tiempo será clave, tanto para los consejeros como para Peláez Bardales.