Foto: Musuk Nolte

El sistema de control estatal que intenta resguardar los recursos forestales del Perú hace agua. Y los “agujeros” de ese sistema utilizados por empresas infractoras para salvarse de sanción son bien conocidos por el aparato público, aunque nada haga al respecto. PODER identifica los tres “candados” que el estado peruano se niega a ponerle a la masiva extracción y exportación de madera proveniente de la tala ilegal.

Con “Relatos Salvajes”, su investigación portada del mes de enero, la revista PODER dio a conocer la existencia de mafias público-privadas en varios de los eslabones de la cadena de extracción, comercialización, transporte y exportación de madera de origen ilegal. Hoy continuamos tras esa ruta, identificando los vacíos en el sistema de control de los recursos forestales de los que se valen concesionarios y exportadores para seguir comercializando, sin castigo efectivo alguno, árboles talados impunemente en la selva peruana.

No se trata, sin embargo, de vacíos que las instituciones encargadas de velar por el correcto aprovechamiento de estos recursos desconozcan. Para esta nota se accedió a documentación que demuestra que el problema es de conocimiento de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Osinfor, Aduanas y Serfor, sin que se hayan tomado medidas hasta el momento.

Los siguientes son los tres “agujeros” que evitan la oportuna identificación de delictivas prácticas comerciales en torno a la madera, y su efectiva sanción como faltas penadas administrativa y judicialmente.

1.- Actualización de la Declaración Aduanera de Mercancías

Como requisito previo al envío de sus productos hacia cualquier mercado importador, toda empresa exportadora debe llenar una Declaración Aduanera de Mercancías (DAM). En el documento, que facilita Aduanas, debe constar información como el tipo de producto a exportarse, el precio de venta, el nombre del importador y el país destino.

La DAM, sin embargo, no solicita información clave a empresas que comercializan productos sensibles, como la madera. Así, este formulario, por increíble que parezca, no les pide a exportadoras de madera ningún tipo de información sobre el origen del producto que exportan. Ante la ausencia de esta data, a las autoridades les es hoy imposible identificar cuánta de la madera que se exporta a diario desde el puerto del Callao tiene una procedencia legal y cuánta no.

La información que la DAM no exige de los exportadores es el número de Título Habilitante del que procede su madera. Se trata del código que identifica al predio o terreno, a cargo de un concesionario, del que se extrajo la madera. Sin esta información, al Organismo Supervisor de los Recursos Forestales (Osinfor) le es imposible verificar luego si en el predio de ese concesionario existió el tipo y volumen de madera exportada, o si es que esta en verdad fue extraída de espacios geográficos no autorizados.

Esto queda revelado en el oficio que el 1 de abril del 2014 le envió Gustavo Romero, Intendente Nacional de Aduanas, a Rolando Navarro, presidente de Osinfor. En el documento, Romero revela que “la información del título Habilitante no es un dato exigible para ser consignado en la declaración de exportación”. El documento de Aduanas es una respuesta formal al pedido que Osinfor le hizo, solicitando “información respecto al movimiento de madera exportada (especie, volumen y destino), por cada Título Habilitante entre el periodo 2009-2013”.

Algo tan sencillo como sumar un casillero de llenado obligatorio para las exportadoras de madera en el que se solicite identificar el Título Habilitante del que proviene el envío al exterior podría cambiar notablemente el tipo de control que ejerce Osinfor. Cruzando esta información, el organismo podría, aunque a posteriori, identificar a las empresas que exportan madera ilegal, y además sancionar a los concesionarios que la proveyeron. Se trata de una gestión que Osinfor le solicitó hace un año a Serfor, la máxima autoridad forestal del país, y que no tiene respuesta hasta la fecha.


2.- Funcionamiento del Tribunal Forestal

Cuando tras supervisar en campo a concesionarios y apoderados de Títulos Habilitantes, Osinfor encuentra irregularidades –como por ejemplo información falsa en sus declaraciones de especies y volumen-, esta institución impone sanciones, que pueden ir desde fuertes multas hasta la declaración de caducidad de una concesión o el permiso de administración de un predio.

La información que los dueños de Títulos Habilitantes falsean es la que consignan en su Plan Operativo Anual (POA), un documento que contiene un inventario de los árboles disponibles dentro del área de su predio. Al incluir en su POA especies que en realidad no tienen, o volúmenes de madera que en verdad no poseen, lo que consiguen son autorizaciones para comercializar y movilizar madera inexistente. Son estos los documentos que usarán luego para “blanquear” madera obtenida en el mercado negro, o que es extraída por ellos mismos de zonas no autorizadas.

A la fecha, Osinfor ha impuesto multas a un total de 149 concesionarios por falsear información. El monto de la sanciones en su conjunto asciende a S/. 21.5 millones, pero más le sorprenderá al lector saber cuánto de ese dinero ha sido ya desembolsado por los concesionarios infractores. Cero soles. ¿Cómo se están librando la mayoría de estos infractores de pagar estas multas? Apelando.

El Tribunal Forestal fue creado por Decreto Legislativo en el 2008, como instancia para resolver las apelaciones que interpongan personas naturales o jurídicas en contra de las sanciones que impone Osinfor. Pero, desde ese año a la actualidad, existe solo en el papel. Siete años después de su creación, tal Tribunal no ha sido conformado ni se encuentra operativo. Así, concesionarios infractores han encontrado el mecanismo perfecto para postergar indefinidamente el pago de sus multas: apelar ante esta instancia inexistente. El “Tribunal Forestal Fantasma”, como bien podría llamarse, tiene a la fecha 288 apelaciones acumuladas por resolver.

El Tribunal Forestal debe estar conformado por un ingeniero forestal y dos abogados, los que hasta hoy no han sido seleccionados producto de la lentitud y desidia del aparato público. Una serie de entrampamientos legales y de formalidades del proceso de selección tienen rotando entre los despachos del Ministerio de Agricultura, la PCM y Serfor el expediente de lo que debería ser la conformación del tribunal. Mientras tanto, las prácticas delictivas de los 149 concesionarios no pueden ser sancionadas efectivamente.


3.- Actualización de cartas fianza vencidas

Aunque son una notoria minoría, existen concesionarios o poseedores de títulos habilitantes que, tras ser sancionados con la imposición de una multa por Osinfor, deciden no apelar. Pero se equivoca el lector si cree que tal gesto se traduce en una hidalga aceptación de culpa, o que, al final, el infractor aceptará pagar voluntariamente la pena monetaria. Para casos no apelados, Osinfor ofrece una serie de facilidades de pago. Y solo procede a una cobranza coactiva en casos de negativa final. ¿Cómo lo hace? O, mejor dicho, ¿qué está impidiendo hoy qué Osinfor ejecute ese cobro?

El 2004 fue el último año en que se entregaron concesiones forestales vía concurso público. Este proceso permitió a empresas y personas naturales hacerse de espacios de entre 5,000 y 40,000 hectáreas, principalmente de la selva, para aprovechar adecuadamente sus recursos forestales. Ello por un periodo no mayor a 40 años. Uno de los requisitos para hacerse de una concesión forestal era girar, a favor del Estado, una carta fianza de cualquier entidad financiera. El monto era calculado de acuerdo al área pretendida.

Una carta fianza funciona como una garantía. Si el garantizado, en este caso el concesionario, incumpliese el contrato de concesión con el Estado o cometiera infracciones, el beneficiario de la carta (el Estado) puede ejecutarla a su favor, cobrando del banco su valor. Tal cosa debería ocurrir en la modalidad de cobranza coactiva que tiene normada Osinfor. Salvo por un pequeño detalle: nadie sabe a ciencia cierta dónde se encuentran esas cartas fianza, ni si se encuentran actualizadas.

PODER, a través del Centro Líber, cursó una solicitud de acceso a la información pública a Serfor, pidiendo se entregue una lista de las cartas fianza gestionadas por los titulares de concesiones forestales, así como copias de las mismas. La institución, pese a ser la autoridad forestal nacional, respondió diciendo que no cuenta con tal información y que, en todo caso, la misma debería obrar en los archivos de las direcciones forestales regionales, adscritas a los gobiernos regionales.

Lo cierto es que Osinfor, que en reiteradas oportunidades ha solicitado la misma información a los gobiernos regionales, tampoco ha obtenido respuesta. Así, sin registro alguno de cartas fianza, es imposible que el Estado se cobre los millones de multas impuestas por los malos manejos de los predios que hace 10 años cedió. Se trata, no cabe duda, de otro campo liberado a favor de la impunidad.