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Finalmente Chile tiene un nuevo gabinete de ministros con el que espera salir o, por lo menos, amilanar la crisis política en la que entró después de los escándalos de corrupción y el anuncio de reformas constitucionales que anunció Michelle Bachelet la semana pasada.


El gabinete de 23 miembros tiene ahora cinco nombres nuevos y cuatro rotaciones de despachos, de los cuales los cambios más significativos son los de Interior y Hacienda.


En Interior el ex titular de Defensa, Jorge Burgos, pasó a reemplazar a Rodrigo Peñailillo, uno de los más fieles aliados de Bachelet, pero presuntamente involucrado en el caso Penta.


En Hacienda se dio un cambio histórico. La salida a mitad de gobierno del ministro de este despacho no se daba desde el retorno a la democracia, hace veinticinco años. Alberto Arenas fue reemplazado por el hasta ahora presidente del Banco del Estado, Rodrigo Valdés.


El nuevo vocero de Gobierno es Marcelo Díaz, ex embajador de Chile en Argentina, que reemplaza a Álvaro Elizalde. En el Ministerio de Defensa entró José Antonio Gómez, quien se desempeñaba como titular de Justicia. Ximena Rincón dejó el Ministerio de Secretaría General de Gobierno para ir a la cartera de Trabajo y Previsión social, donde dejó su puesto Javiera Blanco, quien, por su parte, fue cambiada al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Cultura fue ocupado por Ernesto Ottone en reemplazo de Claudia Barattini. En tanto, Marcos Barraza fue designado titular del Ministerio de Desarrollo Social, tomando el lugar dejado por Fernanda Villegas.


Uno de los ministros ratificados fue Heraldo Muñoz, canciller de Chile, quien se ganó el respaldo de la presidenta particularmente por el caso de La Haya.


El nuevo equipo ministerial queda así conformado por un 30% de mujeres y 70% de hombres y rango de edad, en su mayoría, de cuarenta a 49 años.


Los cambios son una medida drástica de Bachelet, cuya popularidad cayó a menos del 30%, para contrarrestar la crisis desatada después se descubriera que parlamentarios y dirigentes de diversos partidos estaban involucrados en casos de corrupción relacionados al financiamiento de las campañas electorales. Lo que comenzó como una investigación por fraude tributario terminó involucrando a dueños y ejecutivos de Penta, un banco de inversión que maneja activos por más de US$20,000 millones, y de SQM, una poderosa minera cuyo principal controlador es un exyerno de Augusto Pinochet.


Otro caso, que golpeó directamente a Bachelet, es el relacionado con la empresa Caval, una de cuyas socias es la esposa de su hijo Sebastián Dávalos. Caval obtuvo a fines del 2013 un préstamo por unos US$10 millones, otorgado personalmente por uno de los dueños del Banco de Chile, para comprar unos terrenos en la región de O'Higgins, que vendió poco tiempo después con una ganancia de unos US$4 millones. Los terrenos en cuestión estaban incluidos en un proceso de cambio de uso de suelos para ser urbanizados y la Justicia investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.


Con esta nueva configuación ministerial, Bachelet espera poder iniciar a finales de año el proceso para elaborar una nueva constitución chilena.