Un informe legal de la Oficialía Mayor del Congreso de la República ha asomado en escena como un conveniente salvavidas para los parlamentarios cuyos actos requieran ser examinados en las comisiones investigadoras. Gracias a la citada opinión jurídica, congresista que sea citado para esclarecer alguna duda sobre su conducta ética, no está obligado a declarar, y si no quiere, tampoco a acudir. 

“Un congresista podría ser citado por la comisión investigadora, entendiéndose tal citación como una invitación a declarar, sin que el congresista citado esté obligado a asistir y declarar”, establece uno de los puntos del citado informe.

Las comisiones en las que han fruncido el ceño por el oportuno párrafo del documento son nada menos que la que investiga a la red liderada por Rodolfo Orellana, y la que indaga los presuntos vínculos de algunos “padres de la patria” con el narcotráfico. Nada menos que esas dos. 

El informe es el número 092-2014-OAJ-OM/CR, que el 18 de agosto de 2014 elaboró la Oficina de Asesoría del Congreso a pedido del oficial mayor del Parlamento, Javier Ángeles Íllmann. 

Éste, a su vez, fue requerido para emitir opinión por el presidente de la Comisión Orellana, Vicente Zevallos, quien, en su momento, recibió la solicitud del secretario de dicho grupo, el legislador Héctor Becerril. 

Esta cadena tuvo su origen a inicios de agosto, cuando en la Comisión Orellana empezó  discutirse la necesidad de citar a algunos parlamentarios que habían sido nombrados como supuestos vinculados a Rodolfo Orellana y compañía. 

Esos parlamentarios habrían sido, según fuentes de la comisión, Pedro Spadaro Phillipps y Ángel Neyra Olaechea (fujimoristas) y Heriberto Benítez. 

Spadaro acudió el 4 de agosto, pero por pedido propio, antes de la emisión del informe legal. Spadaro era señalado por algunos medios como un presunto integrante de la organización de Orellana que habría actuado en Lurín para arrebatarle un terreno al archienemigo de éste, Jorge Pazos Holder.

Neyra figura en el acervo documentario como uno de los socios fundadores de Coopex, la cooperativa de Orellana. Y sobre Benítez, la comisión observa que habría actuado como brazo mediático a favor de aquella red.  

Entonces, cuando Vicente Zevallos, Víctor García Belaunde y demás integrantes de la comisión comentaron la necesidad de citarlos, el fujimorista Becerril planteó la idea de pedirle previamente opinión a la Oficialía Mayor. Y el 18 de agosto, oficial mayor respondió. 

EL INFORME

¿La Comisión Orellana está facultada para investigar a otros congresistas?, le preguntó Zevallos al oficial mayor en el oficio que le remitió. 
“En el caso consultado, la comisión investigadora (Orellana) no tendría competencia para investigar a los señores congresistas”, fue una de las respuestas.

El informe señala que si bien las comisiones investigadoras pueden pedir que cualquier otro funcionario público sea conducido al Congreso de grado o fuerza, en el caso de los congresistas se impone la inmunidad como garantía para el ejercicio de la función parlamentaria.

“En consecuencia, la eventual citación de la comisión a un congresista a prestar declaración no podría ser conminada bajo los apremios establecidos por colisionar con el derecho constitucional a la inmunidad de arresto”, menciona. 

Y remata así: “un congresista podría ser citado por la comisión investigadora, entendiéndose tal citación como una invitación a declarar, sin que el congresista citado esté obligado a asistir y declarar, pues le ampara, además de la inmunidad parlamentaria, la no sujeción a mandato imperativo”. 

Sin embargo, el propósito inicial de citar a la comisión a los parlamentarios señalados no era investigarlos. 

BLINDAJE EXTRA

“No era para eso, era simplemente para invitarlos a que nos expliquen qué vinculación existía, y de acuerdo a eso, calificar sus declaraciones y, si es que era necesario, incluirlos en un proceso de investigación”, dijo a Poder García Belaunde.  

El legislador calificó el informe como “un blindaje a nuestros colegas que va a impedir en el futuro cualquier tipo de investigaciones, es un antecedente nefasto”. 

“Este informe compromete las investigaciones futuras que pueda hacer cualquier comisión investigadora, se está creando un mal precedente y eso me preocupa, es un informe fatal, si hubiera existido antes del caso Chehade, nunca hubiéramos podido investigarlo aquí”, comentó. 

Pero el problema no se ha circunscrito solo a la Comisión Orellana. 

Poder ha conocido que hace dos meses, en la comisión que investiga los supuestos vínculos de algunos políticos con el narcotráfico, tres de sus integrantes –Rosa Mavila, Yehude Simon y el fujimorista Ramón Kobashigawa– votaron a favor de citar a un grupo de congresistas de quienes se tenía información sobre presuntos nexos.

NARCOTRÁFICO 

Según fuentes del Congreso, cuando esos legisladores supieron que serían citados, presionaron para evitarlo y llegaron a advertir que pedirían la eliminación de la comisión investigadora. Por esos días se emitió el informe de la Oficialía Mayor, y de acuerdo a las mismas fuentes, aquellos legisladores vieron en él un importante soporte para evitar las pesquisas.   

Al final, los integrantes de la comisión decidieron “bajar los ánimos” y decidieron dejar “para después” el asunto de las citaciones. De momento, la presión dio resultados. 

“Se pretende que con este informe no se investigue o no se cite, o se use para no asistir a declarar. Cuando yo hago esto, estoy diciendo prácticamente que soy culpable”, dijo a este portal Yehude Simon, integrante de la comisión. 

“Con ese documento los congresistas nos volvimos seres superiores e intocables, esto va más allá la inmunidad parlamentaria”, agregó. Pero los ánimos se volverán a caldear en las semanas y meses siguientes. Resulta que la comisión ha recogido declaraciones de narcos recluidos en diversos penales del país, y éstos han mencionado con nombre y apellido a algunos parlamentarios. 

No es posible saber aún si se han referido a vínculos puntuales, a relaciones de amistad o a nexos de tipo profesional. 

Pero, ante la eventualidad de que algún legislador se vea comprometido por alguna declaración incómoda, Simon está seguro de que van a apelar al citado informe legal para evitar mayor bochorno. “Es que este es un documento que presiona a las comisiones y beneficia a los que deberían ser investigados”, dijo. 

En el Congreso empieza a decirse, todavía en voz baja, que este informe va a tono con aquella frase que evoca al felino otorongo.