En marzo del año pasado, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de una Fiscalía regional chilena reactivó una investigación contra la aerolínea Lan. El motivo: un supuesto soborno a Ricardo Jaime, exministro de Transportes de Argentina, quien habría recibido, entre el 2006 y el 2007, US$ 1.150.000 a través de su jefe de gabinete por concepto de pagos de asesorías. Como consecuencia de estos pagos, Lan habría conseguido la autorización para operar vuelos en Argentina.


Fue un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) –foro al que el Perú aspira a pertenecer– el que gatilló la reapertura del caso. El reporte, donde se consigna a Lan como Aerolínea X, da detalles. La reapertura del caso fue posible, según el diario La Tercera, por la ley 20.393 (sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas) que sanciona no solo a los funcionarios implicados en soborno, sino también a las empresas involucradas como organización.


Esta ley, implementada a sugerencia de la OCDE, es válida tanto para delitos internacionales como nacionales. Hasta fines del año pasado empresas chilenas como la Universidad del Mar, Salmones Colbún, Sociedad Agrícola Mecanizada y Áridos Maggi habían sido condenadas o encausadas bajo esta normativa.


En Brasil, aunque dicho país no pertenece a la OCDE –pero sí a la Convención Anti Soborno de la organización–, también se ha publicado una norma que hace responsable a las empresas de los sobornos pagados por sus empleados. Según Reuters, la ley se aprobó en tiempo record y establece multas que pueden ascender al 20% de los ingresos de las compañías o hasta US$ 26,22 millones. Las sanciones pueden llegar hasta la disolución de la empresa. Al igual que en el caso de Chile, la OCDE ha publicado un informe en el que detallan casos bajo investigación.


Como dimos a conocer en nuestra edición de setiembre pasado, el intento de la Comisión de Alto Nivel Anti Corrupción (CAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para promover una ley que establezca la responsabilidad autónoma de las empresas para delitos de corrupción se enfrentó al intento de bloqueo por parte de la Confiep, encabezada por entonces por Alfonso García Miró. El gremio cúpula de los empresarios no prosperó, pues en diciembre, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley, que aún no se debate.


La OCDE está al tanto de esta carencia de la normativa peruana. PODER conversó con Josée Fecteau, directora adjunta de Asuntos Legales de la OCDE, quien confirmó esto y también reiteró que este aspecto del marco legal es requerido para pertenecer a la Convención Anti Soborno de la organización.


¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un requisito para ingresar a la OCDE? Fecteau dijo que, por el momento, no se han establecido los requerimientos para la adhesión. Sin embargo, muchas de las reformas se realizan durante el proceso de acceso a la membresía. “Los países candidatos toman una decisión por sí mismos en torno a los instrumentos legales que establece la OCDE. No tienes que cumplir con todos para ser miembro, pero sí asumir un compromiso para implementar los estándares”, afirmó.


Una de las últimas reformas que Chile hizo antes de ser miembro de la OCDE fue implementar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Italia tampoco contaba con esta normativa y tuvo que hacer las modificaciones necesarias. “No es un caso inusual. Es un problema que muchos países han enfrentado y suele haber resistencia porque no es parte del abordaje tradicional en las leyes civiles”, afirma Fecteau.


ASUNTOS EMPRESARIALES

Pero, ¿cuál es la postura de otra parte sector privado sobre la responsabilidad autónoma de las empresas para delitos de corrupción? El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Luis Salazar, afirma que dicho gremio está a favor de esta norma, pero que en el proceso puso dos condiciones: la protección a la persona jurídica denunciante y el silencio administrativo positivo cuando una autoridad –por ejemplo, un gobierno local– está poniendo trabas a una empresa que quiere desarrollar su negocio normalmente y cumple con todos los requerimientos. “Está bien que se penalice a la persona jurídica que actúe mal, pero no han salido ninguna de las dos herramientas de defensa que pedimos”, dijo.


PODER consultó con la PCM este último punto y desde allí afirmaron que se están trabajando propuestas al respecto desde la CAN, pero que aún no se mandan al Congreso.


Roque Benavides, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, considera que la falta de institucionalidad podría dar espacio a que este tipo de normas se usen con discrecionalidad en contra de las empresas. “Puede traer más complicaciones que soluciones. Basta mirar los problemas que hay en el Poder Judicial peruano”, dijo. Posición similar sostuvo el diario El Comercio en su editorial del 19 de diciembre del 2014.


De otro lado, José Graña, presidente de Graña y Montero afirmó que es positivo que se adopten este tipo de estándares internacionales en el Perú. “En nuestro caso, al entrar en la Bolsa de Valores de Nueva York, hemos aceptado voluntariamente las normas de Sarbanes-Oaxley y las del FCPA, que son mucho más duras que las peruanas. Si es la norma internacional y va a ser igual en todos los países, bienvenido sea”, afirmó.


La Ley Sarbanes-Oaxley nació en Estados Unidos con la finalidad de evitar el fraude las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Fue una respuesta a casos de corrupción como el de Enron. La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), entre otros aspectos, permite que a empresas que cotizan en dicha bolsa de valores se les pueda abrir investigaciones por más que el delito no se haya cometido en territorio estadounidense. La minera Gold Fields, en el 2013, estuvo envuelta en un caso de corrupción que no fue inmediatamente investigado en Sudáfrica, pero sí en Estados Unidos, específicamente por la Securities and Exchange Comision (SEC).


La OCDE publicó en diciembre un análisis de todos los casos a nivel global de soborno internacional –de ejecutivos de empresas hacia funcionarios de otros países– que ha registrado e impulsado su investigación desde que se creó la Comisión Anti Soborno (en total 427). Dos tercios de los casos se registraron en los sectores extractivo (19%), construcción (15%), transporte y almacenamiento (15%) e informaciones y comunicaciones (10%). Además el 53% de los casos involucró a la gerentes de las empresas, el 57% de casos de soborno buscaban obtener contratos públicos y en el 75% de los casos los pagos se hicieron a través de intermediarios.


Actualmente, la PCM se encuentra en coordinaciones con el Congreso para impulsar la aprobación de la ley de responsabilidad autónoma de las empresas en delitos de corrupción junto con otras que forman parte de la agenda Cero a la Corrupción.