El regreso de partidos ultraortodoxos al gobierno israelí como parte de la nueva coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, provocará un retroceso en las reformas religiosas y disparará las tensiones internas, consideran los analistas internacionales. Para evitar que lo desplazaran del poder, necesitaba imprescindiblemente forjar un acuerdo para asegurar una mayoría estrecha de 61 bancas en el parlamento de 120 escaños. Así, formó ayer, miércoles, un nuevo gobierno de coalición tras concretar un pacto con el partido nacionalista Hogar Judío (ultraderecha religiosa). 


En Israel no sorprenden las coaliciones, los partidos ultraortodoxos han logrado una serie de beneficios para su comunidad, tales como la exención del servicio militar y la financiación de su red educativa, al margen de la oficial, centrada en los estudios religiosos. De hecho, los judíos ultraortodoxos, que constituyen el 10% de una población israelí de 8.3 millones de personas, siempre han tenido una gran influencia en la política nacional.


Estas ventajas han provocado el resentimiento de la mayoría secular israelí, un problema que Netanyahu trató de remediar con una serie de reformas durante los dos últimos años de la anterior legislatura, cuando no había representación ultraortodoxa en el gobierno. Pero esta vez, Netanyahu ha elegido incluir a dos facciones de esta corriente: Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) y Shas en su coalición a cinco diputados, para un total de 61 de los 120 del Knesset, el parlamento israelí.


Ahora, los expertos aseguran que el gobierno se verá presionado para revertir las últimas reformas, sentando las bases para otra ronda en la batalla sobre la identidad del Estado hebreo. "Tal y como están las cosas ahora, los cambios que se implementaron en los dos últimos años serán revertidos y cancelados", afirma Yedidia Stern, profesor de Derecho y experto en Religión y Estado, de la Universidad Bar Ilana, según el diario británico The Guardian. Stern señala que Netanyahu ya ha accedido a hacer una serie de concesiones clave para lograr el acuerdo con UTJ.


Por ejemplo, la legislación que facilitaba las normas para la conversión —creada para las 330,000 personas que emigraron desde la antigua Unión Soviética y que no son consideradas judías bajo la ley ortodoxa— serán anuladas.


Una disposición que permitía encarcelar a los hombres ultraortodoxos que evadieran el servicio militar obligatorio (como el resto de la población), también será retirada y los colegios ultraortodoxos que no enseñen el currículo oficial podrán acceder de nuevo a financiación estatal.


Estos cambios probablemente despierten la indignación de los isrealíes seculares, que acusan a los ultraortodoxos de no contribuir al desarrollo del país. "Una vez más, esto elevará la tensión entre los ultraortodoxos y el resto de la sociedad israelí", considera Stern. "Será malo para la integración de esta minoría en la sociedad y malo para todos".


Las concesiones a los ultraortodoxos parecen haber sido el factor fundamental del rechazo del exministro de Exteriores Avigdor Lieberman de participar en el gobierno. Su partido nacionalista, Israel Beitenu, decidió salir de la coalición cinco días después del acuerdo firmado con UTJ.


"El gobierno que se está formando no es un gobierno nacionalista, sino un gobierno oportunista", criticó Lieberman en ese momento, insistiendo en que pactar con UTJ supondría la "anulación de la mayoría de reformas llevadas a cabo por el anterior gobierno en lo referente a las conversiones y con el objetivo de traer de vuelta a los ultraortodoxos al ejército."


Los activistas seculares recibieron con consternación el acuerdo con los ultraortodoxos. Esto es "uno de los peores pactos de coalición de la historia", afirma Shahar Ilan, vicepresidente de Hiddush, un grupo israelí que promueve la libertad religiosa, reporta la agencia AFP.


Los economistas ven otro problema añadido: la alta tasa de natalidad de los ultraortodoxos unida a su rechazo a entrar en el mercado.

"Estamos creando una situación en la que se invierte muchísimo dinero para animarles a trabajar, pero también les estamos pagando para no hacerlo. Si sus tasas de participación no aumentan, la economía israelí se enfrentará a una grave crisis", asegura Ilan.


Por su parte, el alto funcionario palestino, Saeb Erakat estimó hoy jueves que la coalición gubernamental está "contra la paz y la estabilidad en la región". "Es un gobierno de guerra", declaró Erakat, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) a agencias internacionales.