Una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, programada para el próximo año, podría poner al Perú en la lista negra de países que facilitan la comisión del delito de lavado de activos. Para evitarlo, el Congreso deberá aprobar un proyecto de ley al que ha venido dando la espalda durante seis años. ¿Por qué se oponen los políticos peruanos a que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga la potestad de levantar el secreto bancario?

Hay un factor común entre los casos de corrupción y lavado de activos más sonados de los últimos años. En la revelación y caída del entramado público-privado de Rodolfo Orellana; durante la actual investigación de la organización delictiva del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres; y en el proceso judicial contra el expresidente regional de Áncash, César Álvarez, existió, en alguna fase del proceso, un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los hay también en el caso Comunicore, vinculado al alcalde Luis Castañeda; en el de Ecoteva, relacionado con Alejandro Toledo; y, más recientemente, en las denuncias contra la primera dama, Nadine Heredia.

En todos, los informes de la UIF –adjunta a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)– han aportado valiosa información financiera, marcando el camino de procuradores y fiscales para rastrear dinero de origen presumiblemente ilegal.

Pero esos informes, hoy solo alimentados por los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos principalmente por bancos, podrían revelar historias más complejas. En la próxima legislatura, y por cuarta vez consecutiva, la UIF intentará conseguir del Congreso de la República la aprobación de una ley que le permita acceder al secreto bancario, una atribución con la que busca nivelar sus procesos con los estándares internacionales.

Siendo la UIF peruana la única de Sudamérica que carece de esta facultad, ¿por qué desde el 2009 el Poder Legislativo se ha opuesto a facilitar el trabajo de la institución? ¿Qué congresistas están en contra y cuáles son sus argumentos?

En esta nota, PODER explica el funcionamiento de la institución que ha puesto en problemas a políticos de todas las bancadas, presenta el preocupante avance del delito de lavado de activos en el país y revela las razones por las que la mayoría de parlamentarios se oponen al fortalecimiento de esta entidad, llamada a identificar capitales negros que intentan filtrarse en el sistema económico formal.

RED DE INFORMANTES
Creada en el 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, la UIF estuvo inicialmente adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. En el 2007, y con el objetivo de blindar su independencia, el Gobierno de Alan García la derivó a la SBS, institución a la que hoy se encuentra adjunta. En el camino, a su mandato inicial de funcionar como un organismo de lucha contra el lavado de activos se le sumó la tarea de investigar el financiamiento del terrorismo.

Desde entonces, amparada por la ley que la creó y que definió sus alcances, la UIF se ha encargado de tejer una amplia red de informantes en los sectores público y privado, la misma que permite a un equipo de 25 analistas desarrollar casos, armar hipótesis y –solo luego de pasar por un Comité de Calidad– presentar informes de inteligencia financiera a las fiscalías especializadas.

Pocos saben, sin embargo, que el sector financiero no es el único que remite información a la UIF tras identificar una operación sospechosa. Lo hacen también notarios, empresas inmobiliarias, casas de cambio, comercializadores de autos y hasta joyerías. Hoy son 5.844 los sujetos obligados en todo el país a reportar información, y a los que la UIF podría sancionar con multas de hasta 50 UIT o con el cierre del local en caso de incumplimiento.

Una operación sospechosa puede ser, por ejemplo, la compra al cash de un reloj de US$ 50.000. O un retiro millonario de dinero para ser trasladado en efectivo. También la adquisición de un inmueble sin valerse del sector financiero. A la lista podrían sumarse el traspaso de propiedades sin aparente intercambio económico o el reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo.

Acciones atípicas como estas gatillan el inicio de investigaciones luego de ser reportadas por la red nacional de informantes. Al cierre del 2014, a la UIF le fueron declarados 6.019 ROS, casi un 50% más que el año anterior. Pero lo que parece ser un buen modelo de identificación temprana de actividades económicas irregulares muestra en verdad un serio problema.

UNA FACULTAD ESQUIVA
“Si la UIF hubiese tenido la facultad de acceder al secreto bancario, el caso de la organización de Rodolfo Orellana habría sido identificado no solo a tiempo, sino de manera completa y no parcial, como se ha hecho hasta ahora”, expresa Sergio Espinoza, jefe de la UIF, revelando la principal carencia del sistema de investigación con el que trabaja la Unidad.

Efectivamente, hoy la UIF no cuenta entre sus atribuciones con el poder de levantar, de oficio, el secreto bancario de sus investigados, una herramienta vital en las pesquisas financieras de este tipo que sí ostentan todas las UIF de Sudamérica.

De ese modo, en la práctica, si un banco emite un reporte notificando movimientos irregulares en las cuentas de una persona, la UIF está impedida de solicitar al resto del sector financiero información sobre esa misma persona, pues la ley no la faculta para ello. Se ve obligada, por tanto, a trabajar solo con una muestra del total de información probablemente disponible en otras entidades financieras. “Eso no nos permite contar la película completa, sino mostrar apenas fotografías”, ilustra Espinoza.

En la actualidad, el levantamiento del secreto bancario solo puede ser autorizado por un juez, a solicitud de un fiscal. Para que ello ocurra puede transcurrir hasta un año, tiempo más que suficiente para que un investigado, habiendo sido notificado de la causa, pueda retirar o transferir el dinero que motiva la investigación, perdiéndose la ruta del bien que intenta incautarse.

La doctora Delia Espinoza, coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, lo confirma. “Definitivamente, acceder al secreto bancario es una herramienta de primera mano con la que debería contar la UIF, porque ello permitiría ganar tiempo e inmediatez. Que la información sea oportuna es vital en estos casos, por el tipo de delito que se persigue”, dijo Espinoza a PODER, alegando que coordina el trabajo de 62 fiscales en todo el país.

Pero la solicitud de la UIF para que se le otorgue la potestad de levantar el secreto bancario, y que apoya la Fiscalía, no es una iniciativa propia ni un deseo antojadizo. Se trata más bien de un pedido expreso de la comunidad internacional, canalizado a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI es un ente intergubernamental, derivado del G8, cuyo mandato es fijar los estándares para combatir el lavado de activos, el terrorismo y cualquier otra amenaza al sistema financiero internacional.

En el 2008, una visita de evaluación del GAFI a nuestro país para analizar el estado y los avances de medidas encaminadas a luchar contra esos delitos concluyó con una recomendación clave: “Establecer un mecanismo que permita, en forma clara e indubitable, que la UIF tenga acceso a la información de carácter bancario y tributario protegida por normas de confidencialidad en forma ágil y oportuna”.

Ese es el camino que, desde el 2009, le viene planteando la UIF al Congreso.

LA NEGATIVA
De los tres proyectos de ley que en los últimos seis años promovió la UIF ante el legislativo para que se le concedan facultades sobre el denominado secreto bancario, el segundo fue el que llegó más lejos. Al Pleno, incluso, en el 2013. Se trata de la iniciativa legislativa impulsada por el congresista Luis Iberico, que luego de aprobarse por mayoría en la Comisión de Economía, presidida por Fernando Andrade, aterrizó en el Pleno el 27 de marzo de ese año.

Pero aquella mañana algo salió mal en el hemiciclo. En la discusión previa a la votación que definiría el futuro de la norma, lo que debería ser un debate técnico y de fondo devino en un ataque sin cuartel entre congresistas del oficialismo y la oposición. El tema parecía prestarse a alusiones personales e incluso partidarias: la aprobación de una norma que intentaba revelar información sensible, allí donde más de uno de los presentes intentaba ocultarla.

El primer dardo fue lanzado por el congresista Jorge Rimarachín (entonces de AP-FA), quien, señalando a la bancada fujimorista, declaró: “Hay que apoyar las buenas iniciativas, y los colegas de enfrente, quienes tienen cuestionamientos por lavados de activos, deben hacerlo”. De inmediato, el congresista Rolando Reátegui salió en defensa de Fuerza Popular y exigió el retiro de la frase agraviante de su colega, a quien tildó de “cobarde y sonsonazo”.

No tardarían en llegar las alusiones al supuesto “narcoavión de Alberto Fujimori”, al probable acercamiento del actual Gobierno con Hugo Chávez y a la droga encontrada en Limasa, la empresa de almacenaje aduanero de Kenji Fujimori. Pero, conforme fue pasando el vendaval, se revelaron los argumentos usados por los congresistas de oposición para decirle no a la norma: el temor de que la UIF, gracias a esta facultad, sea usada como una herramienta de persecución política.

Algunos lo expresaron sutilmente, como el congresista Martín Belaúnde, de Solidaridad Nacional, quien llamó a la prudencia en cuanto a “darle carta blanca a instituciones burocráticas que penetren la vida privada de las personas”. Pero otros, como Mauricio Múlder y Luz Salgado, por el APRA y el fujimorismo, respectivamente, no dudaron en apuntar directamente al Gobierno, pese a que la iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo ni propuesta por un congresista del oficialismo.

Así, mientras Múlder se opuso a la aprobación del proyecto de ley, al que calificó de “instrumento de carácter político”, Salgado dijo, desconociendo tal vez las recomendaciones internacionales de su implementación, que la norma no debía ser aprobada, porque podía dar pase a “chantaje por parte del Gobierno, tal como ocurre en Venezuela, el único país que la tiene”.

Tan polarizada andaba la discusión, que, finalmente, y por mayoría, el Pleno decidió enviar el proyecto a la Comisión de Constitución. Algunos congresistas, apartados de la calentura del debate y las acusaciones, habían encontrado cuestiones de fondo que sí requerían una opinión especializada. ¿La hipotética aprobación del proyecto podría transgredir la Constitución?

DINERO NEGRO
Desde su creación, la UIF ha pasado por tres gobiernos democráticos y se ha mantenido aparentemente libre de manipulación. No se cono- ce que informes de este organismo hayan sido utilizados políticamente en contra de partidos de oposición. Sobre ella, además, existen mecanismos indirectos de control. Su jefe es designado por el superintendente de la SBS, y la elección de este, a su vez, debe ser refrendada por el Congreso de la República.

A nivel operativo, la Unidad cuenta con un protocolo de seguridad que ha minimizado los riesgos de filtración. Solo 25 de los 65 trabajadores de la institución pueden acceder a los ROS. Este personal tiene prohibido usar teléfonos celulares en el trabajo, sus equipos de cómputo carecen de puertos USB y evitan adjuntar documentos a los correos electrónicos. Periódicamente, además, el equipo de analistas pasa por la prueba del polígrafo.

El acceso al secreto bancario, entonces, podría incidir directamente en el trabajo que por mandato tiene la UIF: la identificación de dinero negro, así como su transformación en bienes producto de actividades ilegales. Ya de ello, y de su desmesurado incremento en los últimos años, se tienen reportes nacionales e internacionales. Delitos como el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la defraudación tributaria han alcanzado nuevos récords en el Perú.

Así, entre el 2007 y el 2014, un total de 704 Informes de Inteligencia Financiera identificaron US$ 11.197 millones provenientes de estos delitos y de otros menores, como la corrupción de funcionarios, la estafa, el proxenetismo y la trata de personas. Del total, 46% corresponde al narcotráfico, seguido por un 38% proveniente de la minería ilegal. El ritmo de crecimiento individual de estas cifras, sin embargo, pronto podría reconfigurar este ránking. Se estima que en dos años la mine- ría ilegal desplazará en términos monetarios al tráfico ilícito de drogas como el delito que mayores caudales recauda, según la UIF.

El 2014 fue el año del quiebre definitivo de la hasta entonces predecible estadística. Mientras que a través de diez Informes de Inteligencia Financiera la UIF identificó US$ 78 millones provenientes del narcotráfico, fueron US$ 2.765 millones los que reportó teniendo como delito precedente a la minería ilegal. El crecimiento exponencial de las cifras de este último delito, en apenas 23 informes, llamó al Alto Comisionado para la Lucha contra la Minería Ilegal a tomar acción también en el campo de la investigación financiera, como se verá más adelante.

UNA DECISIÓN POLÍTICA
La mañana del 27 de marzo del 2013, en medio de la lluvia de puyazos en el Congreso, algunas observaciones libres de la vehemencia de la discusión oficialismo-oposición identificaron un punto que requería una reflexión mayor que la que el hemiciclo, en ese momento, podía dar. Congresistas como Vicente Zeballos, de Solidaridad Nacional, o Juan Carlos Eguren, del PPC, centraron el debate en el aparente conflicto que el proyecto de ley sentaba en contra de la Constitución.

Los parlamentarios, a cuya opinión luego se sumaron otros, señalaron que la iniciativa legislativa podría chocar directamente con el inciso 5 del artículo 2 de la Carta Magna, el mismo que reza: “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado”. Por tanto, se dijo, la facultad con la que quería fortalecerse a la UIF podía ser inconstitucional, razón por la que el Pleno, en mayoría, derivó el proyecto de ley a la Comisión de Constitución, en busca de una opinión técnica. ¿Qué pasó allí?

Esta comisión, con el fin de dilucidar sus dudas sobre el tema, solicitó opinión a connotados constitucionalistas y representantes de instituciones públicas, entre ellos a Enrique Bernales, Marcial Rubio y a Alberto Borea, así como a los representantes de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo.

PODER pudo confirmar que la Comisión de Constitución decidió desoír los argumentos por ella misma solicitados, mandando al archivo el proyecto por mayoría, declarándolo inconstitucional. Eso ocurrió el 7 de mayo del 2013, con la presencia de apenas 10 de los 18 parlamentarios que integran la Comisión, y con el voto a favor principalmente del bloque fujimorista, decisivo ante la ausencia de los congresistas –oficialistas y de oposición– que sí apoyaban la iniciativa.

Una de las opiniones ignoradas por el grupo parlamentario fue la del constitucionalista Marcial Rubio. El actual rector de la Pontificia Universidad Católica explicó, en documento al que PODER tuvo acceso, que ya el Tribunal Constitucional había señalado que los delitos económicos (entre ellos el de lavado de activos) no pueden ser protegidos por normas constitucionales como el secreto bancario. Ello porque este último “no forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad”, algo que “implicaría la imposición de obstáculos irrazonables en la persecución de los delitos económicos”.

UN CAMBIO NECESARIO
Dado que la UIF funciona como un servicio de información especializada a favor de otras instituciones del Estado, la negativa a que acceda al secreto bancario no la afecta en sí misma, sino al conjunto de partes que luchan contra el delito de lavado de activos, y que nutren su tra- bajo con los informes que la Unidad emite.

Es por eso que Julia Príncipe, cabeza de la Procuraduría de Lavado de Activos, considera que para una lucha eficaz contra este delito se requiere contar con los instrumentos y mecanismos adecuados que permitan acceder a in- formación completa y oportuna, una de las observaciones hechas por el GAFI.

“Se necesita con urgencia el fortalecimiento de la UIF a través del acceso a información sujeta a secreto bancario, a fin de que esta entidad pueda efectuar un mejor análisis e investigación financiera, que permita el inicio de investigaciones preliminares, o que aporte más indicios a las ya iniciadas”, afirma Príncipe.

Gustavo Romero, intendente de Aduanas, opina lo mismo. Desde esta institución se han identificado una serie de operaciones sospechosas que estarían dando pase al lavado de dinero, tales como exportación de productos sobrevalorados o falsas operaciones de comercio exterior. “Que la UIF cuente con esta facultad es muy importante, porque permitiría una mejor trazabilidad del dinero que ingresa producto de este tipo de operaciones, evitando que se le pierda el rastro una vez que ingresa al sistema financiero peruano”, informa.

Lo que es cierto, sin embargo, es que todas estas piezas del aparato estatal para la persecución del delito de lavado de activos no terminan de funcionar como un sistema. La UIF, por ejem- plo, no supo responder cuántos de los Informes de Inteligencia Financiera que ha emitido a favor de la Fiscalía –704 a la fecha– se han convertido en investigaciones o procesos efectivos. La falta de seguimiento del tema impide la actualización de casos o el aporte de nueva información.

Como decíamos, la facultad que persigue la UIF no es solo un pedido interno de la institución o de sus aliados, sino también un tema de relevancia internacional que va incluso más allá del GAFI. Ya el Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, ha emitido una carta al Congreso de la República solicitando y explicando las razones por las que tal norma es importante, al tratarse de una medida que no solo intenta proteger el sistema financiero peruano, sino el internacional. Y no es la única.

El “objetivo país”, que busca que el Perú consiga ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o bloque OCDE, ha puesto una serie de metas de mediano plazo como requisito de ingreso. Una de ellas es, por supuesto, el acceso de la UIF peruana a la información protegida por el secreto bancario.

Y la causa ha ganado un nuevo adepto. Se trata de Enrique Álvarez Mendoza, el Alto Comisionado de Lucha contra la Minería Ilegal, que, tras conocer las cifras del impresionante avance del delito y la magnitud del dinero que moviliza –como aquí se ha revelado–, viene promoviendo su propia iniciativa de aprobación de esta facultad para la UIF, esta vez desde el Poder Ejecutivo.

Luego de haber conseguido el visto bueno de asesores y viceministros, un nuevo proyecto de ley sobre el tema aguarda discusión en la agenda del Consejo de Ministros. Su aprobación allí requeriría de igual forma ser refrenda- da por el Congreso de la República, que le ha dicho antes tres veces no a la iniciativa legislativa. A la cuarta, ¿irá la vencida?