Dentro de un año, millones de peruanos y peruanas tendremos que elegir presidente y congresistas. Y lo haremos en un contexto bastante distinto al de las tres elecciones post Fujimori, no solo porque nuestra clase política sigue perdiendo la poca credibilidad que tiene, sino, sobre todo, porque el sueño de ser un país que crece y enrumba hacia el deseado desarrollo parece haber llegado a su fin.

Encandilar al electorado con promesas de enmendar los errores del gobierno de Ollanta Humala será difícil, porque en realidad estos errores terminan siendo de menor alcance frente a la dureza de las cifras económicas, y porque, además, el modelo por el que apuestan los principales candidatos con opción no tiene ya nada que ofrecer a la ciudadanía.

La hasta hoy pequeña economía peruana –miremos nomás a algunos de nuestros vecinos- depende de dos actores centrales: la República Popular China y un número no determinado de mafias económicas que se benefician de la informalidad y del escaso poder del Estado para hacer que la ley rija en muchos lugares del territorio.

En el caso de China, ya todos sabemos que el gigante ha pegado un frenazo, y que esa ha sido la causa de la caída de los precios de los minerales que nos hicieron crecer. Aunque el frenazo no significa una reducción de su presencia en nuestra economía, sino todo lo contrario: esa presencia sigue creciendo en la pesca, los hidrocarburos y la minería. Pero que China compre no significa que acelere la marcha de dichos sectores; en algunos casos, está guardando pan para mayo.

En el caso de las mafias -grandes y pequeñas- que participan activamente del narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal de madera y la explotación del oro, su impacto en la economía seguirá teniendo el negativo efecto del lavado de activos, la destrucción del medio ambiente, el crecimiento del sicariato y una nula aportación al fisco, pero también seguirá siendo tolerada por la gran mayoría de la población, que ve en ella la única vía para ganar dinero y desarrollar emprendimientos en los que la informalidad continúa siendo una condición para hacer viables los negocios.

Es cierto que además hay un importante sector de agentes económicos locales que se mueven en el marco de la formalidad y que han aportado significativamente al crecimiento, sobre todo en algunas regiones, a los que el estado no les propone nada más allá de la promesa de la diversificación productiva. Esta, lamentablemente, solo se quedó en el papel, como tantas otros anuncios y ofrecimientos del gobierno de Humala.

En este contexto, lo que más llama la atención es la pobreza de los argumentos que lanzan los defensores del modelo. Se limitan a señalar que todo el problema se reduce a la incapacidad del gobierno de Humala –que por su parte sigue flexibilizando todo lo que puede normas ambientales y laborales- y a la debilidad estructural de un Estado que, precisamente, los propios neoliberales han venido desmantelando en su afán de liquidar al ineficiente Estado empresario de los años 70.

Al mismo tiempo, del lado de los críticos del modelo tampoco parece haber claridad alguna con respecto a lo que se quiere. Los más radicales se quedan sin agenda ahora que las empresas mineras van paralizando o ralentizando sus proyectos –porque no les conviene acelerarlos-, o cuando más de una petrolera devuelve lotes que ya no será negocio explotar. Así, la crítica al “extractivismo depredador” pierde cada vez más sentido, y lo seguirá perdiendo en los años que vienen. De otro lado, quienes postulaban la redistribución de la renta –mal distribuida y peor gastada en el Perú- tendrán que mandar al archivo sus propuestas de más canon aquí o menos allá.

Vista la situación, es difícil imaginar qué es lo que nos van a proponer Keiko Fujimori, Alan Garcia, Pedro Pablo Kucszynski o Alejandro Toledo, o los outsiders tecnocráticos como Rómulo Mucho o Julio Guzmán, o –para desplazarnos del centro hacia la izquierda– Yehude Simon o Marco Arana. Y lo mismo si queremos colocar a la baraja completa a los outsiders de la farandula, como Mauricio Diez Canseco, quien solo ofrecerá “pan y circo”. ¿Infraestructura? ¿Programas sociales? ¿Formalización? ¿Abrir aún más nuestra economía? ¿Diversificación? ¿Mayor presión tributaria? Una de las pocas cosas en las que todos parecen coincidir es en que el Estado –tal como lo entiende cada quien– tiene que funcionar mejor. Pero, ¿si no funcionó mejor con plata, qué nos hace suponer que funcionará mejor sin ella?

Efectivamente, necesitamos más Estado, aunque esto les suene a anatema tanto a la derecha neoliberal como al movimientismo izquierdista (sí, hay una izquierda que no quiere más estado, aunque algunos no se den cuenta). Necesitamos un estado que sea un eficiente garante de derechos y un eficiente prestador de servicios. Algo que nunca ha sido, y que los ciudadanos y ciudadanas del Perú nos merecemos. Porque eso es lo que somos, aunque algunos líderes políticos y empresariales les cueste aceptarlo.

Pero quizás el fin del boom minero y el crecimiento económico sea el cable a tierra que el Perú necesita. O mejor dicho la oportunidad para que, bajados del pedestal en que discursos como la Marca Perú o el mito gastronómico nos colocaron, los peruanos y peruanas demostremos que eso que se ha dado en llamar la fuerza emprendedora, de un lado, y la resistencia de los mal llamados “perros del hortelano” pueden encontrarse y enfrentar el nuevo momento. ¿Acaso no es posible que aquel que dejó el campo haga una alianza con quien hoy defiende las tierras de su comunidad?

Tal vez el candidato que el Perú necesita en estos momentos –outsider o no– es uno que encuentre la conexión entre ambos, y también el equilibrio para un manejo distinto de nuestros recursos. Para ello, hay que dejar de imaginarnos como el centro del mundo y ubicarnos en nuestra real posición en la economía y en la política global. Recordar que somos un país en la que la justicia no existe, salvo para quienes tienen recursos, uno en en el que el Estado –a pesar de algunos pequeños esfuerzos– no les habla en su idioma a sus ciudadanos. Y aunque quizás los políticos no lo entiendan, es bueno que los peruanos se lo hagamos saber. Puede ser, claro, que nada de esto ocurra el 2016; sería una lastima, porque perderemos cinco años más.

Lo más complicado es que quien sea elegido deberá enfrentar no solo la nueva y difícil situación económica que nos tocará vivir en ese lustro, sino además el cuestionamiento a nuestro precario, pobre y siempre frágil régimen democrático. Si les toca asumir esa crisis a quienes hoy, siendo los principales candidatos, son ya parte del pasado, los tumbos políticos del gobierno de Humala nos parecerán juegos de niños o pataletas de adolescentes.

Esto, porque en el Perú se viene produciendo una acumulación de malestares de todo tipo: no solo el de la comunidad contra la mina, o el del pueblo indígena contra la petrolera, sino el del vecino con el alcalde, el del ciudadano con el policía, el del elector con quien es cualquier cosa menos su representante. Y si a eso le sumamos la pérdida del poder adquisitivo, sea mucho o poco, pues tendremos el triple de conflictos y protestas.

Por ello, a un año de las elecciones, es hora de salir de la inercia en la que nos hemos sumergido y de comenzar a unir los fragmentos de país que nos dejaron los últimos 40 años. Hacerlo no es solo un deber, sino sobre todo la afirmación del derecho a ser parte de una república de ciudadanos y ciudadanas.