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Nelly Luna Amancio y Fabiola Torres López

En su pequeña oficina del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, en San Martín de Porres, el epidemiólogo Alejandro Llanos dirige dos importantes investigaciones vinculadas a un fenómeno que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya considera una amenaza para la seguridad sanitaria: el cambio climático.

Llanos es uno de los pocos científicos peruanos dedicado —en su caso, desde hace más de 25 años— a comprender el complejo mundo de los insectos transmisores de pandemias como la malaria y el dengue, muy sensibles a los cambios del clima. Sus estudios se centran hoy en explorar métodos para la detección y tratamiento de pacientes portadores asintomáticos de malaria y en identificar cómo los eventos climáticos extremos afectan la salud de las comunidades indígenas de la Amazonía.

El cambio climático acelerará la propagación de los vectores que transmiten varias enfermedades tropicales, la mayoría de ellas concentradas en países pobres como el Perú. Este ha dejado de ser un tema exclusivo de los círculos académicos y se ha impuesto en la agenda del debate de todos los países reunidos este mes en Lima para la Cumbre Internacional del Clima (COP20).

Llanos sabe que el hallazgo de va- cunas y tratamientos eficaces contra la malaria es un reto de salud pública cada vez más urgente, pues la OMS proyecta un escenario de expansión global del parásito transmisor debido al incremento de temperatura ocasionado por el cambio climático. Se estima así que para el 2100 el riesgo de adquirir malaria se incrementará en 26% en el mundo, y que en zonas templadas los mosquitos incrementarán en 100 veces su capacidad de transmisión.

“Sin conocimiento científico local sobre los efectos adversos del cambio climático, los políticos no van a poder tomar decisiones prudentes para proteger la salud”, advierte Llanos, fundador de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y añade: “Es irrefutable que el aumento de la temperatura y las lluvias tendrán un impacto sobre las enfermedades infecciosas tropicales, pero la manera exacta en que lo harán dependerá también de otros factores, desde sociales hasta ecológicos, que requieren todavía estudiarse”.

El Perú, uno de los diez países del mundo más vulnerables al cambio climático, necesita investigaciones para fortalecer su sistema de control y vigilancia de enfermedades, y adaptar sus servicios de salud a los escenarios de riesgo de desastres naturales cada vez más severos. Basta recordar el fenómeno de El Niño 1997-1998, que disparó los casos de malaria, dengue, leishmaniasis y bartonelosis, así como otros problemas relacionados con la falta de disponibilidad de agua potable y de saneamiento en las zonas afectadas. El Ministerio de Salud registró en ese momento un gasto directo de US$ 59 millones.

Sin acciones concretas oportunas ni basadas en información sólida, los costos en vidas y recursos pueden ser mucho mayores en el futuro. El economista Roger Loyola, actual director General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, preparó en el 2010 un informe —muy poco difundido— que da una aproximación inicial al costo económico del cambio climático en sectores estratégicos como salud. Loyola calculó que las pérdidas económicas anuales acumuladas solo por vidas perdidas debido a enfermedades asociadas al clima representarían, como mínimo, US$ 66 millones en el 2030 y podrían alcanzar los US$ 5.350 millones para el 2100, es decir, cerca del 6% del PBI estimado para ese año.

Loyola, experto en economía ambiental y también catedrático de la Universidad Nacional Agraria, tomó en cuenta proyecciones del aumento de los casos de malaria, dengue, enfermedades respiratorias y cardiovasculares afectadas por el clima. No incluyó males transmitidos por alimentos ni el cáncer.

BRECHAS DE INVERSIÓN
Con el apabullante costo en salud proyectado, investigaciones como las del doctor Alejandro Llanos resultan fundamentales. Al epidemiólogo de la Universidad Cayetano Heredia, sus constantes viajes a diversas comunidades de la región Loreto, donde está concentrado el 89% de enfermos de malaria en el país, le permitieron hallar portadores asintomáticos de este virus que no eran identificados con los métodos de diagnóstico actuales. Se propuso, entonces, explorar nuevas pruebas de detección y tratamiento para una olvidada pandemia que en el mundo es causante de 220 millones de enfermos y 660.000 muertes anuales.

Lo cierto es que los recursos que se destinan cada año para investigar esta enfermedad son diez veces menores a lo que cuesta hoy atenderla. El Fondo Global recibe US$ 200 millones anuales de la Fundación Bill & Melinda Gates para estudios sobre malaria y gasta US$ 2.000 millones por año en terapias, indica el informe mundial de la pandemia elaborado por el Instituto de Salud Global de Barcelona.

Este año, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) le otorgó al doctor Llanos US$ 500.000 para poner en marcha sus estudios en Loreto durante los próximos tres años, una cifra pequeña, cuando queda claro que invertir en investigación ahorraría la pérdida de millones de vidas y recursos. El Perú asigna apenas el 0,11% del PBI a investigación y desarrollo, lo que nos ubica entre las naciones más rezagadas de América Latina y el Caribe. Y si comparamos solo el financiamiento con fondos públicos de investigaciones en salud, Argentina destina 15,7 (US$ 55 millones) y Chile 7,4 (US$ 26 millones) veces más presupuesto anual que el Perú (US$ 3,5 millones). Dichos cálculos los hizo un grupo de investigadores médicos de cinco países de la región para un estudio publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública en el 2010.

Las brechas no han variado mucho, y esto obliga a científicos como Llanos a buscar fondos afuera. Solo así, por ejemplo, pudo garantizar el presupuesto de su segunda investigación, que aborda las vulnerabilidades y mecanismos de adaptación al cambio climático de las poblaciones shawi y shipiba en las regiones Loreto y Ucayali.

“Las comunidades indígenas de la Amazonía están expuestas a inundaciones y friajes cada vez más frecuentes, y ya tienen problemas de disponibilidad de alimentos que repercuten en su salud”, explica. En el 2010, el epidemiólogo concursó por un fondo de US$ 2,5 millones de la cooperación internacional para este estudio, que forma parte de un proyecto que también se realiza con poblaciones indígenas en Uganda y el Ártico canadiense.

Fuera de los esfuerzos de algunos centros de investigación académica, poco o nada ha investigado el Ministerio de Salud (Minsa) sobre las amenazas del cambio climático para la salud en el Perú. Recién en abril pasado, como parte de los actos preparatorios para la COP20, el sector conformó una comisión encargada de elaborar el primer documento que plantea el diseño de políticas de mitigación y adaptación en salud frente al cambio climático.

El informe final concluye, precisamente, en que hace falta mayor investigación para orientar las decisiones. No contempla proyecciones sobre la inversión que tendrá que hacer el sector en los próximos años, pero define las bases de la que será una estrategia nacional.

Para el doctor Uriel García, exministro de Salud, resulta esencial que dentro de dicha estrategia se incluya el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud (INS), con partidas específicas para estudios sobre cambio climático. Además, dice el economista Javier Abugattás, todos los planes de inversión pública deben tener las variables de gestión de riesgos de desastres.

Si bien entre el 2009 y el 2013, el Sistema Nacional de Inversión Pública registró 177 proyectos elaborados por Gobiernos regionales y locales sobre cambio climático, ninguno se orientó a investigaciones u obras de envergadura para enfrentar impactos en la salud.

ACUERDO POR LA SALUD
La directora general de la OMS, Margaret Chan, ya ha lanzado un llamado de atención enérgico a los países que integran la COP20: “Lo que hagamos ahora puede cambiar la trayectoria de una crisis sanitaria global, pero tenemos que actuar ya”. El organismo de Naciones Unidas asume que las decisiones que se tomen este mes en Lima no represen- tan solo un acuerdo por el clima, sino también por la salud pública.

Durante varios años, la OMS ha seguido de cerca los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los cuales advierten que el calentamiento global es irreversible y que las variaciones en los patrones del clima ya afectan de diversas formas la salud de las poblaciones con olas de calor, sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos.

De estos reportes, la directora de la OMS alerta que “sin acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, los países pobres enfrentarán los peores impactos en su salud”.

Entre las primeras medidas que se tomen, la inversión en investigación debe estar presente. En esto coinciden el economista Roger Loyola y el epidemiólogo Alejandro Llanos. Los estudios ofrecerán posibilidades de mejora los controles de las enfermedades y fortalecer los sistemas nacionales de vigilancia para detectar los brotes lo más temprano posible.

El año pasado se crearon en el Perú la Oficina General de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la Unidad de Desarrollo, Ambiente y Salud, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ambos espacios funcionan con fondos de cooperantes extranjeros. Por parte del Estado, aún se esperan acciones decisivas para respaldar con recursos medidas que protejan a tiempo la salud del país en un contexto de cambio climático