(Foto: Musuk Nolte)

La tala ilegal en el Perú es un monstruo de mil cabezas. Y mientras avanza voraz sobre los bosques, ha encontrado en un Estado débil y desarticulado un socio involuntario. Desde Ucayali, el centro de procesamiento de madera más importante del país, esta investigación reconstruye la cadena de extracción, transporte y comercialización de madera ilegal, e identifica –desde el pequeño talador hasta el gran exportador– los eslabones capturados por mafias privadas y corrupción estatal. Todo mecanismo de control ha sido desbordado.


Habían pasado 21 días desde el asesinato de Edwin Chota, cuando una visita tomó por sorpresa a Pucallpa, capital de Ucayali, primera región maderera del Perú y escenario del crimen. La muerte del líder asháninka a manos de taladores ilegales consiguió que el 22 setiembre último –como no pasaba en mucho tiempo una alta autoridad del Gobierno central visitara la provincia.


La llegada del entonces ministro del Interior, Daniel Urresti, no solo concitó la atención de la prensa local, sino que convocó en una misma mesa de trabajo a todos los actores del sector forestal de la región: Policía, Fiscalía, Gobierno regional y asociaciones de madereros. Mientras algunos, alegando precariedad de recursos, expusieron las dificultades que sufrían para hacer bien su trabajo, otros prefirieron sacar lustre a sus credenciales e intentar ganar puntos con el visitante.


Uno de ellos fue el titular de la Dirección Ejecutiva Forestal de Ucayali, máxima autoridad forestal en la zona luego de la transferencia de funciones a los Gobiernos regionales. El ingeniero Marcial Pezo listaba los logros de su gestión cuando Urresti –fiel a su estilo– lo paró en seco: “¿Me está usted diciendo que no hay tala ilegal en esta región? ¿Qué estamos haciendo aquí todos sentados, entonces? ¿Sabe una cosa? Usted tiene cara de culpable”.


Es probable, como dijeron dos autoridades presentes en aquella reunión, que el ministro del Interior haya tenido información previa para lanzar el diagnóstico facial de Pezo, quien confirmó luego el pasaje. Pero si lo que quiso Urresti fue más bien imputar responsabilidad a la dependencia regional por el incontrolable avance de la tala ilegal, acertó. Aunque no en 100%.


El proceso gradual de transferencia de responsabilidades del Gobierno central a Gobiernos regionales en materia forestal ha dejado grandes vacíos, y no pocos enfrentamientos. En contraste, la industria maderera ilegal se mueve –desde el bosque hacia la capital– con la fineza y la precisión de la mejor relojería suiza, copando, como lo ha hecho ya, el 80% de la producción nacional.

Esta es la historia de un desastre.


UN DELITO INCALCULABLE

No existen cifras finales que terminen de dibujar la magnitud de los delitos de tala ilegal y tráfico de madera en el país. Las que podemos obtener provienen principalmente de fuentes internacionales, y las instituciones públicas locales llamadas a responder por el sector o no las tienen o se niegan a compartirlas. Pero, aunque la data fuera pública, el cálculo no sería fidedigno, aun proviniendo de fuente oficial: nada más fácil, como detallará esta nota, que hacerse de papeles para declarar como formal madera ilegalmente extraída.


Un estudio del Banco Mundial proyectó entre US$ 44 y US$ 72 millones anuales los ingresos de las mafias dedicadas a la tala ilegal en el Perú, cifras por encima de las utilidades de la industria exportadora formal. El mismo informe, publicado en el 2006, alerta del crecimiento del delito, y, en paralelo, del de su facturación. Ello explica porqué, ya puestos en el 2011, la Asociación de Concesionarios Forestales de la Región Loreto (Acofrel) calculó en US$ 250 millones anuales las pérdidas que la tala ilegal ocasiona.

A diferencia de la cooperación internacional y del sector privado, el Estado peruano no tiene cálculos totales propios, aunque sí información concreta proveniente de campo. Por sus funciones y el nivel técnico que maneja, una institución pública ha levantado valiosa información que permite hoy proyectar la dimensión del tráfico de madera en el país: Osinfor.


El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales es el encargado de fiscalizar el correcto aprovechamiento de los bosques de producción, aquellos sobre los que terceros tienen derecho a través de concesiones, permisos o autorizaciones, lo que en el argot del sector se llama título habilitante. Su trabajo, básicamente, es supervisar en campo si la madera que estos reportan y comercializan fue extraída, efectivamente, del predio autorizado por el Estado.


A la fecha, de un total de 3.530 supervisiones, Osinfor ha encontrado infracciones en el 45% de los títulos habilitantes visitados: la madera que comercializaban, aunque reportada como procedente de su predio, había sido extraída ilegalmente de otras áreas, muchas de ellas protegidas. Esta práctica, muy común en el sector, permitió a los titulares –empresas o personas naturales– comercializar ilegalmente madera por S/. 256 millones.

A estas alturas, el lector debe estar haciéndose una única pregunta: si de esta manera trafica madera el sector formal, es decir, aquel beneficiado con un título habilitante, ¿en qué dimensiones lo hará el sector informal, sobre el que no existe ninguna capacidad de supervisión?


PEQUEÑOS PERO MUCHOS

Hay un factor fundamental que todo talador medianamente entrenado tiene en cuenta al momento de traerse abajo un árbol. “Tienes que ver para qué lado tiene las ramas más grandes. Ese va a ser el lado al que, por el peso, va a caer. Si no te fijas en eso, ¡pum!, el árbol puede caerte encima. Y matarte”. La recomendación es de Marcos, cuyo apellido –a su solicitud– se mantendrá en reserva. Tiene 40 años, 20 como “talador profesional” y 10 recorriendo las calles de Pucallpa en mototaxi, actividad que alterna con la tala cuando este trabajo escasea.


Probablemente sin saberlo, este hombre es la pieza inicial de un engranaje mayor y sofisticado que, de tanto haberle sacado la vuelta al Estado, se ha perfeccionado a tal punto que hoy goza de vida propia. Marcos es también pieza básica de una economía principalmente informal como la de Pucallpa, una ciudad en cuyas calles abundan tiendas dedicadas a la venta exclusiva de motosierras, símbolo máximo de la extracción de madera, una actividad en la que –en los cálculos más conservadores– se basa directa e indirectamente el 60% de la economía local.


Como Marcos, decenas de hombres se agrupan cada mañana en el puerto N.º 1 de Pucallpa. Algunos con la suerte de un trato previo, y otros a la espera de conseguir, en ese momento, ser incluidos en alguna de las expediciones para extraer madera, vía río Ucayali. Una expedición puede durar semanas, o incluso meses, dependiendo del volumen que requiera el “patrón” que organiza.


Pero así, como algunos se van, hay otros que llegan. A partir de las seis de la tarde cambia el paisaje en las orillas de la laguna Yarinacocha, a 20 minutos de Pucallpa: los “llevalleva”, pequeñas embarcaciones que durante el día ofrecen servicio turístico, ceden paso a otras de tamaño mayor, listas para descargar madera. A su encuentro asisten camiones y estibadores para transportar la carga: árboles convertidos en tablones. La coreografía es repetida, a partir de la misma hora, los siete días de la semana, y es parte de la vista diaria del puesto policial y de la Marina en la laguna, sin que se tome ninguna acción.


“Si usted le pide papeles a esas embarcaciones o a esos camiones, ninguno tiene. Puesta la madera en la ciudad es que los extractores tienen que ver cómo los consiguen”, le cuenta a PODER Juan Urcia, presidente de la Asociación de Extractores Madereros y Reforestadores de Ucayali (AEMRU). Los papeles a los que Urcia se refiere se llaman Guías de Transporte Forestal, y son, como se verá más adelante, el nudo de corrupción en el que “formales” e informales se asisten para blanquear madera ilegalmente obtenida.


Urcia no puede negar que algunos de los miembros de la asociación que dirige compran las guías en el mercado negro para poder comercializar su madera. “Son socios que se ven obligados a ello, porque el sistema de concesiones los ha excluido totalmente”, alega. Este mismo argumento es el que el dirigente llevó la mañana del 22 de setiembre a la reunión de autoridades liderada por Daniel Urresti. Luego de escucharlo, el ministro, quien no tiene entre sus dones el uso de eufemismos, sentenció: “¡Ah, ya entendí! Ustedes son los ilegales”.


FORMALIDAD DE PAPEL

Si bien Loreto es la mayor región maderera del Perú, albergando –por su extensión– más de la mitad de los bosques de producción, la dinámica de extracción, transporte y comercialización de madera ilegal desde Pucallpa es significativa para comprender cómo funciona el sector en todo el país. No solo porque esta provincia reúne el mayor número de plantas de transformación –aserraderos formales e informales–, sino porque, además de su propia producción, concentra también la de la región vecina.


Al carecer Iquitos de vía terrestre hacia Lima, usa a Pucallpa como corredor directo hacia la capital. La madera que en la región Loreto se extrae es declarada principalmente en la capital de Ucayali, luego de llegar navegando por el río Amazonas. Puesta en tierra, se inicia otra coreografía, esta vez documental, y que permitirá que la madera talada ilegalmente en ambas regiones llegue a Lima, sin ser retenida en ninguno de los 732 kilómetros de la carretera, un viaje que a los camiones de carga les toma entre 10 y 12 horas. ¿Cómo lo consiguen?


El 2004 fue el último año en que se entregaron concesiones forestales vía concurso público. Este proceso permitió a empresas y a personas naturales hacerse de espacios de entre 5.000 y 40.000 hectáreas, por un periodo no mayor de 40 años. A partir de entonces, la autoridad forestal nacional, y luego las regionales, emitieron permisos y autorizaciones destinados a comunidades y a posesionarios. Todos estos títulos habilitantes (6.492 en todo el país, según Osinfor) otorgan derechos de aprovechamiento de recursos de los bosques. Pero no de cualquier manera.


Para que el titular inicie la extracción, antes debe parcelar su predio en porciones de 400 hectáreas, y comprometerse a aprovechar una parcela por año. Ese manejo queda registrado en el Plan Operativo Anual (POA), cuya aprobación, por parte del Estado, se ha convertido en el más grande eslabón de la cadena de corrupción en el sector forestal.


La información que incluye un POA es de vital importancia para el buen manejo y el control del aprovechamiento de un bosque de producción. En cada plan, el titular debe hacer un detallado inventario del número de árboles disponibles en la parcela, su ubicación y la especie a la que corresponden, así como un aproximado del volumen. Estos números, además de la clasificación de la madera, son muy importantes, porque deben luego coincidir con el reporte de extracción que el titular informa en el momento del traslado.


Lo que el Osinfor ha encontrado en campo es increíble. El organismo supervisor reveló a PODER haber detectado que el 40% de los POA aprobados por la autoridad forestal –regional o nacional– contienen información falsa. Estos POA terminan autorizando la extracción de madera inexistente en volumen y especie en el predio cedido, lo que permite luego al titular extraer madera de espacios no autorizados y reportarla como propia. Así, los POA “inflados” y oficialmente autorizados se convierten en cheques en blanco para depredar los bosques y “blanquear” madera.


“Esto es gravísimo. Es una situación que se da principalmente en Loreto y Ucayali, y que hemos informado al detalle a las direcciones forestales regionales y al mismo Serfor”, dice Rolando Navarro, presidente ejecutivo de Osinfor. ¿De quién es la responsabilidad?


DE LO NACIONAL A LO REGIONAL

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) es el órgano rector del sector en todo el país. Adscrito al Ministerio de Agricultura, este organismo ha asumido las funciones del ex Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) hace apenas medio año. La entidad tiene entre sus funciones aprobar la normativa y los procedimientos que luego deben llevar a la práctica los Gobiernos regionales, a quienes les descentralizó funciones progresivamente desde el 2007.


Es por eso que, entrevistada para esta nota, Fabiola Muñoz, directora de Serfor, dijo a PODER que no podía responder por lo que venía ocurriendo en las regiones, toda vez que en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas y La Libertad las responsabilidades en materia forestal ya habían sido transferidas, “y eso incluye la aprobación de los POA. Si se identifican malas prácticas, estas deben ser sancionadas localmente”, manifestó.


Pero hay un tema en el que Serfor sí tiene responsabilidad directa, y sobre el que poco o nada ha hecho. Para que un POA sea aprobado en el ámbito regional, debe llevar la firma de un consultor forestal, quien avala lo que el plan certifica. Estos consultores, ingenieros forestales por requisito, deben ser acreditados y estar registrados en un banco de profesionales autorizados, administrado por Serfor.


El banco existe, tiene registrados a 309 consultores, de los que Osinfor ha identificado 153 que han certificado POA con información falsa. Estos ingenieros son los responsables de los 1.146 planes falsos aprobados regionalmente, y Serfor conoce oficialmente la información. PODER accedió a las comunicaciones formales que Osinfor envió a Muñoz, documentos donde se reitera el pedido de actualizar el registro depurando de la lista a los malos profesionales. “Los consultores implicados en la elaboración de documentación con información falsa siguen apareciendo como hábiles”, advierte la carta firmada por Rolando Navarro.


Consultada por este punto en particular, Fabiola Muñoz dijo que están trabajando en la normativa que sancionará a los consultores que provean información falsa. “Nosotros no los podemos inhabilitar, eso lo tiene que hacer el Colegio de Ingenieros, con quienes ya hemos conversado al respecto”, expresó.


PODER acudió al Colegio de Ingenieros. Carlos Rincón, presidente del Capítulo Forestal, aceptó haberse reunido con Muñoz, pero “jamás hemos abordado el tema que usted me trae. Si ellos tienen una lista de estos malos profesionales, deberían compartirla. Aquí tenemos un Comité de Ética que podría sancionarlos”, aseguró.


DE LO REGIONAL A LO LOCAL

Cada Gobierno regional que ha recibido el mandato de asumir funciones del sector forestal,las ha implementado según sus posibilidades, y como ha podido. Las oficinas a cargo varían en nombre y en estructura, según la entidad que las acoge. En el Gobierno Regional de Ucayali, por ejemplo, la entidad se llama Dirección Ejecutiva Forestal, y es dirigida por el ingeniero Marcial Pezo, el funcionario a quien el entonces ministro Urresti le diagnosticó “cara de culpable”. ¿Tenía motivos?


PODER lo encontró en su oficina, ubicada al ingreso del Parque Nacional de Pucallpa, para conversar sobre el escándalo de los POA y los consultores forestales. Sobre el primer punto, dijo que los hallazgos corresponden a la gestión que lo precedió, y sobre la que no puede responder. “Lo que le puedo asegurar es que durante mi gestión todo está limpio, no hay planes en campo que se aprueben sin verificación, y ello pese a los limitados recursos con los que contamos”, se defendió.


Marcial Pezo dijo también que las autoridades forestales regionales se sienten abandonadas por Serfor. “El Gobierno central nos ha transferido responsabilidades, está bien, pero lo que no ha transferido son capacidades ni recursos”. Sobre los múltiples POA identificados con información falsa, que permiten luego reportar madera ilegalmente extraída como legal, dijo: “Yo le pregunto a la señora Fabiola Muñoz dónde está la norma que me autoriza a mí a sancionar a un consultor forestal deshonesto. Eso no existe, y eso nos obliga a seguir recibiendo los planes que firman”.


Pero, así como Pezo tiene preguntas por hacer, hay otras que debe responder, y que atañen local y directamente sus competencias.

Luego de que al poseedor de un título habilitante se le aprueba un POA, y después de haber cortado y trozado árboles de su parcela, requiere de un documento adicional para trasladar la madera extraída: una Guía de Transporte Forestal. Se trata de un talonario, en posesión del titular, y expedido por la autoridad regional, en el que se debe registrar el tipo y el volumen de madera que se dispone a movilizar. Para dar visto bueno a la operación, POA y guía deben ser contrastados por un funcionario verificador, como medio de certificación de la procedencia de la madera.


PODER confirmó que las Guías de Transporte Forestal son ofrecidas al mejor postor en Pucallpa. Y no en cualquier lugar. El último y más importante documento que facilita el transporte de madera “legal” es otorgado fuera de las oficinas de la Dirección Ejecutiva Forestal de Ucayali, dirigida por Marcial Pezo. Los “corredores de madera”, calculadora en mano, ofrecen guías con sellos y firmas de la dependencia regional, “para que puedas sacar tu madera a Lima sin problemas”. El precio depende del volumen que se va a transportar.


Marcial Pezo enmudece cuando el autor de esta nota le pregunta por el tema. Luego de reponerse, se limita a decir: “No tengo conocimiento”. Y, ante la insistencia por una explicación, concluye: “Mire, yo no puedo estar detrás de todos los funcionarios de esta dependencia. Gente buena y mala hay en todos lados”.


DEL BOSQUE AL MUNDO

Así como en la carretera rumbo a Lima, las Guías de Transporte Forestal, en teoría, deben ser también solicitadas en las plantas de transformación que abundan en Pucallpa. Los aserraderos, en su mayoría informales, se multiplican en la rivera del río Manantay, ubicado a media hora de la ciudad. PODER recorrió el lugar en bote y confirmó la más absoluta impunidad. Cientos de troncos de procedencia ilegal son convertidos en tablones por motosierras, pese a que la Ley Forestal prohíbe su uso, por el desecho y la pérdida de volumen que generan. Una selección de fotos de esta zona liberada es publicada como parte de este informe.


Ya fuera del departamento de Ucayali, son cinco los puestos de control policial que requerirán de los transportistas las guías que certifiquen el origen “legal” de la madera que se moviliza a Lima. En la capital, mientras una parte va a cubrir el mercado local (guardada en almacenes que la Sunat suele intervenir en Ate y en Santa Anita), otra va directo al Callao, lista para ser empacada en los containers que las enviarán por vía marítima a Estados Unidos, México y China, los principales mercados de la madera peruana.


Entre marzo y mayo del 2014, un operativo sin precedentes –la Operación Amazonas– consiguió golpear a las mafias de la madera ilegal en Tarapoto, Pucallpa, Iquitos, Lima y Callao. Era la primera vez que tres instituciones clave para detener el delito articulaban esfuerzos. Osinfor, Sunat y Aduanas compartieron información y equipo operativo, y consiguieron buenos resultados: la intervención de 6 millones de pies tablares de madera de origen ilegal, volumen calculado en US$ 20 millones, a precio de mercado.


Pero hay un logro de la Operación Amazonas especialmente significativo, pues ilustra lo íntimamente ligado que se encuentra el delito de tráfico de madera con el sector exportador formal, un negocio que mueve en promedio US$ 120 millones anuales.


Como parte del operativo conjunto, Aduanas les solicitó durante ese periodo a las empresas exportadoras que certifiquen el origen del producto, algo que no están obligada a hacer por ley. Solo 12 de un total de 20 compañías pudieron hacerlo, mostrando copia de las Guías de Transporte Forestal, un documento que, como aquí se ha expuesto, tampoco es garantía suficiente.


“Como el operativo duró de marzo a mayo, en junio se sinceraron las cifras de exportación de madera documentada. Ese mes apenas registramos envíos por US$ 6 millones, una reducción del 50% de la cifra promedio mensual. Ello permite concluir que por lo menos la mitad de lo que se exporta es de dudosa procedencia”, le dijo a PODER Gustavo Romero, intendente de Aduanas.


CRIMEN SIN CASTIGO

La exportación con fachada formal, y a gran escala, de madera ilegalmente obtenida, no es novedad en el país. En el 2012, Environmental Investigation Agency (EIA), organización mundial sin fines de lucro, publicó una exhaustiva investigación que documentó cómo las más grandes exportadoras de este recurso en el Perú comercializan madera de origen ilícito.


EIA rastreó 100 embarques de madera de alta calidad –cedro y caoba– exportada a Estados Unidos, todos conectados a concesiones en cuyas supervisiones Osinfor había encontrado graves irregularidades: inventarios falsos y declaraciones de madera inexistente. Así, el informe puso al descubierto las malas prácticas de 14 empresas, entre ellas la más grande e importante del sector: Maderas Bozovich.


Pero, cuando casos de este tipo son revelados, las sanciones que por lo general un concesionario, un consultor forestal, un funcionario o una empresa reciben son de tipo administrativo: cancelaciones, inhabilitaciones, despidos o multas. El Estado no ha conseguido, hasta ahora, encausar judicialmente a las partes que integran las mafias de la tala ilegal y el tráfico de madera. Y quizá la explicación se encuentre en la aún débil red de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).


En Ucayali, por ejemplo, y pese a la incidencia, las dos fiscalías enfocadas en este tipo de delitos no están lo suficientemente dotadas. Solo una de ellas, la Segunda Fiscalía Ambiental, liderada por la doctora Patricia Lucano, lleva en simultáneo el seguimiento de unos 200 casos, una carga procesal que debe distribuirse en un equipo de cuatro fiscales. “El 50% de estas investigaciones tienen que ver con tala ilegal, y nosotros, desde Pucallpa, tenemos que hacernos cargo de toda la región. Es una tarea para la que, sinceramente, no estamos preparados”, declara Lucano.


Pero quizá la mayor figura de impunidad es la que le expone a PODER Rómulo Coronado, presidente de la Asociación de Madereros de Ucayali (AEMRU), y que ilustra perfectamente la íntima relación de Pucallpa con la extracción ilegal de madera. “Se lo voy a poner así. Aquí lo único que se produce es madera. Todos los productos de panllevar llegan a Pucallpa desde Lima. Son entre 40 y 50 los camiones que a diario llegan a la ciudad con productos de primera necesidad. ¿Usted cree que esos camiones se regresan vacíos a Lima? Ya se imagina con qué regresan cargados, y cómo obtienen los papeles”, revela.


REACCIÓN TARDÍA

La figura de Daniel Urresti personifica la manera en que el actual Gobierno enfrenta algunos de los problemas más graves del país: la reacción en desmedro de la prevención. Para el caso forestal, ir detrás de árboles ya talados en vez de identificar las fallas del sistema que permiten el delito.

En la reunión de Pucallpa, luego de escuchar a todas las partes, el ministro del Interior terminó mostrando su carta bajo la manga (y supuesta solución al problema). Presentó en sociedad al Alto Comisionado para la Lucha Contra la Tala Ilegal.


El puesto, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, es ocupado por el general César Fourmet, quien, probablemente influenciado por el estilo Urresti, ha encabezado vistosos operativos –reportados fotográficamente a la prensa– en los que aparece caminando entre decenas de troncos incautados en Loreto y en Madre de Dios.


Pero lo que no dicen los comunicados de prensa, y que el general Fourment acepta en entrevista concedida a PODER, es que la madera de las fotografías será luego devuelta a su dueños, una vez que estos puedan demostrar, con papeles, su origen legal. El lector, a estas alturas, puede intuir perfectamente cómo será documentada esa “legalidad”.


Fourment, designado por Urresti, y antes director de la Policía de Turismo y Medio Ambiente, es el llamado a encabezar la Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal, que integran representantes de todas las instituciones que tienen que ver con el correcto aprovechamiento de los recursos forestales. Que la gestión de Humala haya reposado la tarea en el Ministerio del Interior, dice mucho del tipo de resultados que espera, o quiere vender, y poco de la necesaria reforma para proteger eficientemente los bosques.


El encargo, nada sencillo, exigirá del comisionado un amplio conocimiento de la compleja problemática del sector, algo en lo que aún está trabajando. Consultado para esta nota sobre cuál será su estrategia para afrontar al monstruo de las mil cabezas, Fourment sentencia, “creo que todas las instituciones del Estado vienen haciendo un buen trabajo, y deberían seguir haciéndolo”.