El pasado 26 de diciembre, Daniel Urresti, entonces ministro del Interior, visitó junto a la prensa el Hospital Policial Luis N. Sáenz, en Jesús María, con el objetivo de supervisar obras de mejoramiento en su servicio de Emergencia. El ministro, además de hablar desde un estrado sobre la infraestructura del nosocomio, hizo, a su estilo, un inesperado anuncio. Ofreció “quebrar las mafias de medicamentos del hospital” a través de un nuevo modelo de administración que, en adelante, tercerizaría la adquisición y la distribución de la medicina “para que se paguen solamente los medicamentos que se han entregado a los pacientes”.

La revelación por parte de Urresti de la existencia de mafias de medicamentos enquistadas en el sistema de salud policial pasó desapercibida en medio de su acostumbrada elocuencia, pero ¿contaba el ministro con información previa suficiente para hacer esa aseveración, más aun frente al propio cuerpo directivo y gerencial del hospital, que lo acompañó aquel día?

En este informe, PODER revelará un inédito modelo de compras estatales implementado en los servicios de salud de la Policía. Burlando abiertamente la Ley de Contrataciones Públicas, desde hace cinco años este modelo ha conseguido esquivar todos los mecanismos de control del Estado, pasando sin problemas bajo el radar de cualquier auditoría.

Aprovechamiento de instalaciones públicas, precios por encima del mercado y falsificación de firmas de pacientes para generar órdenes de pago. Todo en torno al laboratorio Baxley Group y a un oscuro acuerdo con el Fondo de Salud Policial, sobre el cual, aunque parezca increíble, no existe siquiera un contrato firmado. ¿Quién implementó el sistema en el 2009 y benefició directamente y sin concurso a la empresa? ¿Por qué desde entonces el sistema contó con la anuencia de los altos mandos de la Policía?

Son varias las preguntas que tras la publicación de este informe deberán responderse, pero hay dos en particular que merecerán una explicación mayor. ¿Por qué, habiendo sido informada del irregular acuerdo, la gestión de Urresti no solo no cortó la relación con Baxley Group, sino que evitó a toda costa el fin de sus operaciones? ¿Por qué el entonces ministro convocó a su despacho al directorio en pleno del Fondo de Salud Policial para escuchar la propuesta de Baxley Group con miras a seleccionar un tercerizador de compra de medicamentos? 

LA DANZA DE LOS MEDICAMENTOS
A diario, desde las 7 de la mañana, el Hospital de la Policía Luis N. Sáenz –el más importante de la red de sanidad policial en el ámbito nacional– recibe cientos de pacientes en sus servicios de Consultorio Externo, Internamiento y Emergencia. Una vez dentro, y luego de los diagnósticos y los exámenes médicos que realiza el personal de salud, se inicia una masiva coreografía, practicada con religiosidad desde hace cinco años.

Receta en mano, los pacientes o sus familiares se dirigen a la farmacia del hospital, y luego de verificar que el almacén carece del medicamento recetado, se dirigen, vía puerta lateral de Emergencia, a otra farmacia ubicada estratégicamente a un costado del edificio. En ella, sorprendentemente, las transacciones no se hacen con dinero: se hacen con recetas. El asegurado entrega una “receta vale”, y a cambio recibe los medicamentos prescritos en ella por los médicos del hospital.

Son cinco las farmacias ubicadas en las inmediaciones del hospital, pero solo una la afortunada que trabaja con esta mágica fórmula. Para poder atender (monopólicamente) al volumen total de asegurados adscritos a este hospital, la farmacia se ha visto obligada a instalar, sobre la vereda, un toldo que protege del sol unas veinte sillas plásticas, en las que los pacientes esperan atención hasta que les sean entregados los medicamentos.
Esa farmacia se llama Boticas + Ahorro, y es operada por el laboratorio Baxley Group, parte de una corporación más grande, Eske Corporation, que, pese a contar con un controversial historial de contrataciones públicas, es uno de los más grandes operadores farmacéuticos del país, y ganador de millonarios contratos y licitaciones.

La relación comercial de Baxley Group con el hospital se inició en el 2009, y no tendría nada de irregular si no fuera por un pequeño detalle: no existe un contrato, y mucho menos un concurso público, para su designación. Nada de lo cual ha impedido que la empresa monopolice el requerimiento de medicamentos y tramite, a diario, unas 300 atenciones.

¿Qué gana Baxley Group, cuándo cobra y quién le paga desde hace cinco años? ¿Cómo funciona este extraño acuerdo verbal que le ha permitido a la empresa facturar S/. 32 millones a costa del continuo desabastecimiento de este y otros hospitales de la policía?
Para responder estas preguntas y entender el modelo es necesario conocer cómo funciona el Fondo de Salud Policial (Fospoli).

UN FONDO MILLONARIO
El Fospoli es una institución que tiene como objetivo el financiamiento de prestaciones de salud a favor del personal de la Policía y de sus familias en todo el país. Se solventa con la retención mensual del 6% de los sueldos de los policías, o el mismo porcentaje de las propinas que recibe un cadete o un estudiante de las escuelas técnicas de la institución. Funciona, en otras palabras, como el EsSalud del personal policial.

Los ingresos provenientes de los aportes mensuales le permiten hoy a Fospoli manejar un presupuesto anual de S/. 350 millones, que destina al pago de las atenciones que los asegurados –más de 700.000 entre personal en actividad, en retiro y familiares directos– reciben en la red nacional de hospitales de la Policía, en otros hospitales del Estado e incluso en clínicas privadas, para casos de extrema complejidad.

En la práctica, sin embargo, el papel netamente financiador de Fospoli se ha fusionado con el de prestador de servicio, al punto que es uno de los responsables de las compras de medicamentos para los hospitales de la Policía, una adquisición que, pese a ser complementaria, no ha conseguido solucionar el mayor problema de la sanidad: el continuo desabastecimiento de medicamentos para los pacientes y de material biomédico para el personal de salud.

Así, en el 2009, el directorio de Fospoli creyó haber encontrado la fórmula perfecta para atenuar el problema, al menos de manera temporal: creó el Sistema de Reembolso Inmediato (SIRI), que permitía a los pacientes comprar sus medicamentos en la farmacia de su elección para, luego, tras la presentación de los comprobantes de pago, obtener de vuelta el dinero gastado.

Pero en el camino algo salió mal. El SIRI, concebido como un sistema temporal de emergencia, se convirtió en la regla, y desvirtuó absolutamente su objetivo: los reembolsos dejaron de ser exclusivo beneficio de los asegurados, como estipulaba su reglamento, y pasaron a beneficiar también a una empresa. A una sola. Esa es Baxley Group, que debe su suerte a un gran benefactor: un controvertido general que hoy afronta otras investigaciones por casos de corrupción, y que de presidente del directorio de Fospoli pasó a ser director nacional de la Policía. 

SERVICIO DELIVERY
Nadie sabe con certeza en qué momento SIRI devino en un irregular acuerdo con Baxley Group, que la convirtió en la única empresa farmacéutica autorizada para entregar medicamentos. Esto lo hace a cambio de recetas vale que, al ser juntadas con los vouchers de recepción que firman los pacientes, transforma luego en órdenes de pago a su favor.

Nadie lo sabe porque no existe un solo documento de por medio: desde el 2009 no hay contrato ni convenio ni ningún tipo de escrito para formalizar esta extraña relación. PODER consultó sobre su existencia vía acceso a la información pública, pero al cierre de esta nota ningún documento fue entregado. La ausencia de la formalidad fue confirmada por un exgerente de Fospoli. “Nunca hubo un documento, nada puesto por escrito. La explicación popular para que esto funcione así era que con ello se evitaba que el paciente haga uso de dinero de su bolsillo para adquirir los medicamentos, facilitándoles las cosas”, dijo.

Lo que sí está claro es que la relación comercial entre Baxley Group y Fospoli empezó el mismo año de la creación del SIRI, el 2009. Así lo confirmó PODER tras acceder a un informe económico de la institución, que revela los montos que desde ese año le ha pagado a la empresa por el servicio. Corresponderá a las instituciones de control determinar si desde un inicio el sistema estuvo destinado a beneficiar a dicha empresa. Ello porque, de un total de S/. 45 millones destinados al SIRI, casi S/. 32 millones fueron a parar a las cuentas de Baxley Group (ver cuadro).

Se trata de los montos anuales que Baxley le facturó al Estado, sin intermediar concurso ni licitación pública, por los medicamentos que distribuyó no solo a los pacientes del Hospital Luis N. Sáenz, sino también a los del Hospital Augusto B. Leguía, ubicado en el Rímac, y a los del Hospital Geriátrico San José, en San Miguel. Los tres conforman la red de hospitales de la Policía en Lima, y en los tres Baxley tuvo una participación, por decir lo menos, irregular: implementó farmacias en sus instalaciones sin que mediase pago alguno.

PODER confirmó que la empresa no solo le vendió irregularmente a dependencias del Estado, sino que lo hizo montando farmacias en espacios cedidos por cada uno de estos tres hospitales. Aquello ocurrió durante cuatro años, hasta que en enero del 2014 el doctor César Bravo de Rueda, tras asumir el cargo de director del Hospital Luis N. Sáenz, descubrió el entuerto. Al no existir documento alguno que acredite la formal instalación de la farmacia, la notificó vía carta notarial y la desalojó del hospital. La acción fue replicada de inmediato por los directores de los otros dos nosocomios.

La salida de Baxley de los hospitales públicos no significó, sin embargo, el fin de su negocio.

QUIÉN MANDA A QUIÉN
Hay un factor común a lo largo de esta historia: la inexistencia de documentación sobre intentos de formalizar la relación comercial entre Fospoli y Baxley Group. A la falta de publicación de los procedimientos formales para seleccionar a la empresa, se suma la carencia de un contrato que establezca el inicio y las condiciones del acuerdo, y hasta la ausencia de un convenio de uso de ambientes en tres hospitales públicos para el expendio de medicamentos.

¿Cómo pudo entonces implementarse y luego consolidarse este sistema de contratación paralela? Probablemente a través de la orden verbal, un mecanismo común en las instituciones policiales y castrenses, sobre todo cuando la directiva, por irregular, requiere no dejar rastro. La conclusión no es gratuita. A ella se llega luego de revisar las actas del directorio de Fospoli (2009-2010) y el testimonio clave que un exgerente de la institución ofreció a la Contraloría, órgano de control que ya tiene noticias sobre este tema.

Un personaje esencial, aún no mencionado en esta historia, es quien presidió el directorio de Fospoli durante ese periodo. Se trata del general Raúl Salazar Salazar, hoy en retiro, e involucrado en una investigación por el caso López Meneses. Fue Salazar en la práctica quien facilitó la consolidación del acuerdo con Baxley Group. PODER intentó comunicarse con él, e incluso lo buscó en su casa de La Molina, pero Salazar decidió no conceder una entrevista. Ni siquiera fue posible contactarlo a través de su abogado Roberth Rivadeneyra, quien prometió gestionar un encuentro, nunca concretado.

La versión del general sobre los hechos es muy relevante, toda vez que un testimonio, recogido por la Contraloría, lo responsabiliza directamente no solo de haber favorecido a la empresa farmacéutica, sino de haber evitado el fin de la irregular relación comercial con la misma.

El testimonio lo dio el coronel Carlos Merino Ramos, gerente de Fospoli durante el mandato de Salazar como presidente del directorio entre el 2009 y el 2010, y, en la práctica, ejecutor de los acuerdos del directorio. Merino le dijo a la Contraloría que, aunque no puede exhibir documentos, cada uno de sus actos correspondió a órdenes expresas del directorio. Sobre los pagos a Baxley Group, manifestó que estos “se autorizaron vía gerencia general con conocimiento del directorio, cuya presidencia recayó en Raúl Salazar”.

El exgerente, además, cuenta un pasaje no menos importante de su trabajo bajo las órdenes del general. “En agosto del 2010, el directorio dispuso por escrito la suspensión del Servicio de Reembolso Inmediato, procediendo el suscrito a clausurar los ambientes [de Baxley Group] donde se realizaba el mismo, para que un día después, el señor general y presidente del directorio, Raúl Salazar, me ordenara el reinicio inmediato de dicho servicio, llamándome severamente la atención. Luego, en setiembre del mismo año, dispuso mi cese como gerente general”.

La declaración del coronel Merino corrobora la teoría de la doble orden en el momento de la instalación y la consolidación del sistema. Mientras por escrito el directorio acordaba una cosa, el gerente recibía verbalmente indicaciones opuestas.

FALSIFICACIÓN DE FIRMAS
Dos exmiembros del directorio en diferentes periodos, aseguraron a PODER que uno de los motivos del mantenimiento de este tácito acuerdo con Baxley Group guarda relación con la dependencia que el Fospoli desarrolló con respecto al servicio. “Se supone que era una medida transitoria, de emergencia, ante una situación de desabastecimiento. El problema es que el Fospoli se volvió adicto a ella, por ser una vía fácil para hacerse de medicamentos. De cortarse intempestivamente, los pacientes serían los más perjudicados”, manifestó uno de ellos.

Bajo esa premisa, corresponde entonces verificar las condiciones del servicio brindado por la empresa. ¿Benefició el laboratorio médico a los pacientes, como afirman los directores, o se aprovechó de ellos para obtener mayores ingresos de Fospoli?

PODER buscó en sus domicilios a dos pacientes cuyos reclamos vienen actualmente siendo investigados. Ambos, por separado, coinciden en una cosa: sus firmas, en los vouchers de recepción de medicamentos, fueron falsificadas por Baxley Group, lo que permitió luego a la empresa cobrar ante Fospoli por medicamentos nunca entregados.

El primero es el caso del policía en retiro Miguel Alfredo Moreno Fiestas, a quien se entrevistó para esta nota en su casa de San Martín de Porres. Moreno relata que, luego de exámenes previos, fue operado del corazón en el Hospital Luis N. Sáenz, pues el mal cardiaco que padecía obligó a que se le coloque una válvula y un bypass.

“Me operaron el 19 de marzo del año pasado, sin problemas y sin que se nos haya solicitado ningún medicamento ni material de operación, porque la sala de operaciones los tenía disponibles. Grande fue mi sorpresa cuando me enteré de la existencia de cuatro tickets, supuestamente firmados por mi esposa, en los que decía que ella recogió medicamentos y material operatorio en Boticas + Ahorro. Totalmente falso”. Así lo ratifica su esposa, la señora Flor Arteaga de Moreno: “He podido verificar los vouchers y he confirmado que falsificaron mi firma. Según esos documentos, yo recibí material para la operación de mi esposo el 27 de marzo, cuando el hospital sabe que mi esposo fue operado el 19 de marzo del año pasado. ¿Cómo es eso posible?”.

Los vouchers a los que el matrimonio Moreno-Arteaga se refiere son los correlativos entre el N.o 2698 y el N.o 2701, cuatro tickets con una firma muy distinta a la del DNI de la señora Arteaga, y que le sirvieron a Baxley Group para cobrarle a Fospoli la suma de S/. 2.738 por la supuesta entrega de cartuchos para gases arteriales e hilos de acero, entre otros materiales quirúrgicos. Fospoli pagó sin que ninguno de esos artículos haya sido realmente recibido por sus asegurados.

Un caso muy similar es el de la señora Yrene Guismondi Elías. Su firma fue falsificada en cinco tickets de recepción, por un total de S/. 3.805. Su esposo, el policía en retiro Alejandro Alegre Rodríguez, fue operado el 14 de marzo pasado por un desprendimiento de retina. Todos los medicamentos y el material biomédico para su intervención quirúrgica fueron entregados por el hospital, por lo que la señora Yrene no comprende cómo y por qué usaron su nombre y su firma para llenar esos documentos.

El Departamento de Contabilidad de SaludPol le reportó a PODER, tras solicitud de acceso a información pública, la existencia de 720.000 vouchers firmados por pacientes, con los que Baxley Group cobró desde hace cinco años. ¿Cuántos de ellos, como los casos expuestos, contendrán firmas de pacientes falsificadas? Corresponderá a la Fiscalía determinar si esta fue una práctica común de la empresa, por la que se apropió ilícitamente de recursos públicos.

DE FOSPOLI A SALUDPOL
En diciembre del 2013, y como parte de la Reforma de Salud, el Decreto Legislativo N.o 1174 convirtió a Fospoli en SaludPol. No se trataba solo de un cambio de nombre. El Decreto impulsó importantes reformas, con el objetivo de transparentar su gestión. Así, el Fondo pasó, de estar adscrito a la Dirección Nacional de la Policía, a depender orgánicamente del Ministerio del Interior, el cual, en adelante, nombraría al presidente del directorio de SaludPol. Se buscaba con ello una mayor apertura de la institución a civiles profesionales, tanto en su directorio como en su cuerpo gerencial.
Quien puso en práctica aquellos cambios fue el exministro del Interior Walter Albán. En mayo del año pasado, y a un mes de ser reemplazado por Daniel Urresti, Albán nombró como nuevo presidente del directorio a David Tejada Pardo.

Tejada, exviceministro de Salud, venía de desempeñarse como asesor de la Alta Dirección de EsSalud y de ocupar una dirección en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Puesto a revisar cómo se encontraba la institución, no demoró en toparse con el famoso caso Baxley Group.

“Solicité informes técnicos y de asesoría legal sobre la relación con esa empresa, y nada parecía sustentar legalmente los negocios que SaludPol tenía con Baxley Group. Entonces decidí que era momento de cortar la relación”, dijo para esta nota.

Tejada promovió el nombramiento, como gerente general de SaludPol, del médico José Paredes Cabel, un especialista en gestión de temas de salud. Su elección contó incluso con la aprobación del mismo Walter Albán, según pudo confirmar PODER. No era una designación menor: se trataba del primer gerente civil del Fondo de Salud Policial en años. Pero los cambios, como se verá en seguida, no fueron del agrado de todos.
A Paredes Cabel le bastó una semana para conocer cómo venía manejándose el ex-Fospoli. Un gesto suyo, a pocos días de iniciar su trabajo, ilustró el panorama a la perfección. Mandó colocar sobre la puerta de su oficina un cartel que decía, en mayúsculas, “No se reciben proveedores”.

En apenas dos meses, la gestión del gerente logró disminuir considerablemente el desabastecimiento de medicamentos. ¿Cómo lo consiguió?
Reactivando contratos con proveedores que, habiendo ganado licitaciones, abandonaron su compromiso de suministrar medicina, sin que ninguna autoridad de la institución se lo haya recriminado. Los contratos reactivados sumaron S/. 13 millones, y aquello dio pie a un efecto cadena: a más stock en los almacenes de los hospitales, menos SIRI, y por tanto menos adquisición de la medicina de Baxley Group.

Ese año, el 2014, Baxley Group solo le facturó a SaludPol S/. 2 millones, la cifra más baja de su larga e irregular relación comercial. 
Pero lo que parecía ser un logro en la gestión de la renovada institución obtuvo una respuesta, o un mensaje, contraproducente. Tras la salida de Albán del Ministerio del Interior, y con el nombramiento de Daniel Urresti en la cartera, el gerente Paredes recibiría una inesperada visita en su oficina. El visitante no deseaba, necesariamente, felicitarlo.

Leoncio Delgado, viceministro de Gestión Institucional y mano derecha de Urresti, estaba allí para pedir ser conducido a los almacenes de medicina de SaludPol. Un actual funcionario, que presenció la escena, la relató así: “Delgado llegó y le ordenó al gerente que lo lleve al almacén de medicamentos. Cuando se le trasladó, encontró algunas cajas vacías. Paredes le explicó que los medicamentos estaban donde debían estar, en los hospitales. Pero eso al viceministro no le importó. Para él, dijo, eso era desabastecimiento. Le ordenó al gerente, en frente de todos, que resuelva el problema inmediatamente. Más que una visita, lo de Delgado fue una inspección, un operativo”, dijo la fuente.

¿Pero qué pudo haber desatado aquella extraña reacción ministerial? Quizá haya un hecho que lo explique.

Apenas una semana antes, José Paredes Cabel, motivado por los buenos resultados de la reactivación de contratos, había decidido acabar definitivamente la relación comercial con Baxley Group. Así se lo hizo saber personalmente al gerente de la empresa.

La decisión, sin embargo, duraría poco. Días después del aparente desenlace de la historia, decenas de pacientes en la puerta de su oficina solicitaban la restitución del servicio: los médicos del propio hospital les habían recetado medicamentos que solo tenía Baxley Group. Paredes reactivó el sistema, pero tomó otra decisión, ahora sí irrevocable: renunciar. Su gestión apenas duró tres meses.

CONGLOMERADO EMPRESARIAL
Droguería Laboratorio Baxley Group es parte de un conglomerado empresarial de capitales indio-peruanos liderado desde Lima por Marco Antonio Hurtado Pazos. El grupo, sumando a sus otras empresas, tales como Medrock y Eske Corporation, abarca toda la cadena de producción, empaquetado, importación y comercialización de medicamentos de tipo genérico, traídos desde la India.

Así, mientras que con Medrock y Eske Corporation Hurtado Pazos lleva adelante millonarias ventas corporativas, principalmente al Estado, con Baxley Group opera una serie de farmacias en el ámbito nacional dedicadas a la venta de medicamentos al menudeo. Una de ellas es Boticas + Ahorro, el nombre comercial de la farmacia que desde hace cinco años le vende a SaludPol (ex-Fospoli) sin concurso ni licitación pública de por medio. No es, sin embargo, la única.

En el año 2006, y como parte de su campaña presidencial, el entonces candidato Alan García promovió e inauguró varias Boticas del Pueblo. Se trataba de un proyecto diseñado por Hugo Díaz Lozano y presentado como la propuesta para conseguir bajar el precio de los medicamentos. El lector intuye bien. Las Boticas del Pueblo es otro de los nombres comerciales operados por Baxley Group, empresa para la que Hugo Díaz Lozano se desempeñó hasta hace un tiempo como asesor. El dato no resulta menor, teniendo en cuenta que la empresa consiguió el acuerdo con Fospoli en el 2009, precisamente durante el gobierno aprista.

PODER intentó concertar una entrevista con Marco Hurtado Pazos, gerente y accionista de la empresa farmacéutica, buscándolo en las oficinas de Eske Corporation en Surquillo, el centro de operaciones del conglomerado empresarial, pero no fue posible ubicarlo allí. Días después, vía telefónica, Hurtado Pazos negó cualquier posibilidad de entrevista bajo el siguiente argumento: “No tengo ninguna obligación de darle información, porque la mía es una empresa privada. Si quiere saber algo de los negocios de la empresa con el Estado, vaya y pregúnteselo al Estado”.

A Hurtado Pazos, sin embargo, le corresponde responder preguntas propias de la esfera privada sobre sus operaciones: ¿Cómo consiguió operar, sin licencias municipales ni permisos del sector de la salud, tres farmacias dentro de tres hospitales públicos? ¿Es parte de sus prácticas empresariales la falsificación de firmas de pacientes para conseguir incrementar su facturación? Y, finalmente, ¿cómo un conglomerado empresarial que ha conseguido hacerse de todas las fases de la cadena farmacéutica puede venderle los medicamentos más caros del mercado al Estado?

UNA REUNIÓN INESPERADA
Este año, a mediados de enero, la separación de David Tejada Pardo de la presidencia del directorio de SaludPol trajo consigo una serie de especulaciones. Apenas unos días antes, su hijo, el congresista Sergio Tejada, había renunciado al partido del Gobierno, por lo que se tildó de “venganza política” el retiro de su padre del cargo. El ministro del Interior, Daniel Urresti, descartó que esa haya sido la razón. ¿Qué motivó entonces la separación de David Tejada del directorio de SaludPol?

Habiendo fracasado su intento de acabar con el acuerdo con Baxley Group por el medio gerencial, David Tejada decidió llevar el tema al directorio el pasado siete de enero.  En la misma, el aún presidente del directorio dijo que si no había forma inmediata de cortar la irregular relación, por lo menos esta debería dejar de ser exclusiva, y que era necesario invitar a otras farmacias a participar.

Ya para entonces, Tejada, nombrado en el cargo por el exministro Walter Albán, había mostrado también poco entusiasmo por las millonarias propuestas de contratación que había traído consigo Manuel Gonzales Guanilo, un exmilitar asesor de Urresti a quien este había incorporado al directorio. En la desconfianza lo acompañaba Ángela Chumpitaz, representante del MEF en el directorio, quien pidió planes, proyecciones y metas a cada requerimiento de inversión del nuevo integrante de la junta.

Así andaban las cosas en el directorio cuando dos resoluciones consecutivas publicadas en El Peruano, y firmadas por Urresti, dejaron a Tejada sin piso y sin cargo: la primera lo sacaba de la presidencia. La segunda, del directorio. De esa manera, el ministro consiguió nombrar a Manuel Gonzales Guanilo como nuevo presidente del directorio de SaludPol.

Del paquete de propuestas que el nuevo presidente del directorio está interesado en implementar, hay una en particular que concentra su entusiasmo. Se trata de la contratación de un gran operador logístico, capaz de llevar adelante la producción, la adquisición, el almacenamiento y la distribución de medicamentos en la red nacional de hospitales de la Policía. Aquello que el ministro Daniel Urresti llamó en diciembre “un sistema que tercerice los medicamentos”. ¿Qué empresa en el Perú podría estar en capacidad de asumir tal tarea, y de hacerse, con ello, de un contrato de cientos de millones de soles durante por lo menos 10 años?

A mediados de octubre del año pasado, una inesperada reunión nocturna tuvo como escenario el despacho del ministro del Interior Daniel Urresti. A ella llegó el directorio en pleno de SaludPol, dos de sus asesores y el viceministro de Gestión Institucional. Las aproximadamente 12 personas fueron acomodadas en el salón de audiencias contiguo a la oficina de Urresti. Todos eran funcionarios, salvo un invitado.

El ministro comenzó diciendo que uno de los objetivos de su gestión era vencer el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales de la Policía, y que por ello su asesor, Manuel Gonzales Guanilo, que estaba entre ellos, había traído una persona interesada en alcanzarles una propuesta. Luego de que este último presentara al invitado, un documento en PowerPoint fue proyectado sobre una pantalla, revelando la procedencia de la oferta y del ponente.

Para sorpresa de algunos de los convocados, se trataba de Baxley Group-Eske Corporation, presente en el mismísimo despacho del ministro, que exponía su propuesta de cómo funciona un operador logístico.

La reunión fue relatada y pintada con detalles por cuatro testigos presenciales, y la cita le fue corroborada a PODER incluso por el mismo Gonzales Guanilo, quien, ante la evidencia, se vio obligado a confirmar los hechos. El actual presidente del directorio de SaludPol dijo en un primer momento no conocer a ningún representante de Baxley Group, pero ante la consulta por la cita, cambió de parecer, aunque no pudo explicar claramente el motivo de la reunión.

“Pero no fue la única. Como a esa hemos invitado a otras empresas para conocer también sus propuestas”, aseguró Gonzales Guanilo, sin poder ofrecer un solo nombre de las supuestas compañías convocadas.

¿Por qué recibió Urresti en su despacho a una empresa interesada en convertirse en millonario proveedor de SaludPol, aun cuando ni siquiera se han establecido las bases del concurso para su elección? ¿Sabía el ministro que la empresa en torno a la cual convocó una reunión mantiene irregulares negocios con la institución, y que su objetivo es perpetuar y formalizar la relación comercial, convirtiéndose en operador logístico?
Ambas preguntas deberán ser respondidas por Urresti. Entre otras cosas, tendría que explicar si la empresa, futura postora, no fue privilegiada al ser reunida con el directorio de la institución que deberá evaluarla.

Una cosa es cierta: a diferencia de José Paredes Cabel, el exgerente de SaludPol, Daniel Urresti, el exministro, sí recibía proveedores.