El “estilo” Luis Castañeda no está marcado únicamente por Comunicore. En el último año de su segunda gestión, la Municipalidad de Lima realizó una serie de adquisiciones por varios millones de soles, incluso de manera directa y sin concurso previo, y de ello se benefició un puñado de desconocidas y en ocasiones cuasimarginales empresas y personas naturales –algunos, militantes de Solidaridad Nacional– que en el 2010 llegaron a convertirse en importantes proveedores municipales, superando incluso a compañías como Telefónica y Cosapi. Hoy, una fiscalía anticorrupción investiga algunas de estas adquisiciones, bajo el supuesto de que fueron pagadas pero no ejecutadas. Es decir, presuntos “servicios fantasmas”.

Uno de esos casos es el de una pequeña y desconocida empresa de venta de equipos de cómputo y de servicios informáticos llamada Azortán EIRLA mediados de 2014, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta, de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, acusó penalmente al gerente general de la empresa y a quince exfuncionarios ediles de la segunda gestión de Castañeda (2006-2010) por haber presuntamente simulado en el 2010 una serie de procedimientos para favorecerla con contratos por más medio millón de soles.

El fiscal Abia confirmaba así los hallazgos que tres años antes había encontrado la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Lima –que responde a la Contraloría General de la República–, que, por muestreo, auditó algunos procesos de adquisiciones y contratos de la comuna efectuados en el 2010.

Según arrojaron las auditorías, ese año el municipio le pagó a un puñado de empresas sin mayor cartera cerca de S/. 2 millones y medio por aquello que se denomina “contratos fantasma”.

De ese monto, los auditores echaron sospecha sobre más de medio millón de soles que durante el año examinado la municipalidad le había pagado a Azortán. Según los hallazgos, se habrían direccionado procesos para adjudicarle directamente contratos. Además, se le había abonado dinero por productos que la empresa presuntamente incumplió entregar.

Cuando los informes de Control Interno estuvieron listos, se plantearon cargos por colusión y falsedad ideológica contra los exfuncionarios ediles y contra el gerente de Azortán, Manuel Effio Bustamante, y el caso pasó al Ministerio Público.

El año pasado, cuatro de los exempleados ediles (Danny Díaz Pozzuoli, Omar Ricardo Chumán Zuñe, Alan Quiroz Valdivia y Alberto Sarmiento Zumarán) aceptaron en parte los hechos y uno de los dos delitos: el de falsedad ideológica. Después se acogieron a la denominada “terminación anticipada” del proceso.

Pero, si bien Azortán EIRL fue la empresa que más interés concitó en los auditores por la cantidad de pagos efectuados a su favor, su caso no fue el único.

Hubo un grupo de pequeñas compañías que ese año le vendieron de todo a la municipalidad, desde programas informáticos, mantenimiento de locales e instalación de tuberías y letrinas, hasta equipos de cómputo y cartuchos de tóner. Cuando los auditores quisieron constatar la entrega y la existencia de estos servicios, no encontraron rastros de ellos.

PODER va a revelar por primera vez la historia de cómo se manejaron los fondos del municipio en el último año de Castañeda, cuáles fueron los suertudos proveedores y quiénes los presuntos responsables. Quizás le lleguen a sonar un par de nombres, pues los debe haber leído o escuchado cuando contamos la historia de Comunicore.

EL CASO AZORTÁN
El caso de la empresa de servicios informáticos Azortán EIRL es paradigmático. La denuncia fiscal por sus presuntos “contratos fantasma” con el municipio está contenida en dos expedientes que se nutren, entre otros documentos, de cinco informes con los hallazgos de la Oficina de Control Interno.

Entre el 2001 y el 2005 esta empresa, ubicada en San Martín de Porres, le había vendido al municipio equipos de cómputo por S/. 646 mil, pero luego empezó a venderle programas informáticos, adjudicándose en el 2009 S/. 245.707 y saltando en el 2010 a la suma de S/. 1.815.186. Es decir, más de S/. 2 millones en los dos ejercicios fiscales.

Pero el comité auditor se concentró en los S/. 1.815.186 del 2010. Allí obtuvo evidencias de que cosas raras habrían ocurrido con, por lo menos, un millón, y así quedó plasmado en todos los informes de control.

Uno de los primeros se llamó “Examen a la contratación de servicios de desarrollo de mejoras en los módulos de Contabilidad y Tesorería del sistema Safim (Sistema Administrativo Financiero Integrado Municipal)”, por el periodo del 01.01.10 al 31.12.10, en tanto que se pagó a la empresa Azortán EIRL S/. 107.000, sin que dicha compañía ejecutara el servicio”. Este es uno de los que hoy está judicializado.

Allí se advirtió que el valor referencial del proceso fue determinado con cotizaciones de empresas que no tenían el rubro de servicios informáticos, y que algunos documentos fueron firmados por funcionarios que no presentaban relación con el proceso. En las oficinas supuesta- mente usuarias del sistema ofrecido (subgerencias de Informática, Tesorería y Contabilidad) nadie dio razón del mismo a los auditores.

Otro informe señala como uno de los presuntos responsables de lo anterior al exsubgerente de Tesorería del municipio, Ulises Merino Rojas, coincidentemente, uno de los procesados por el caso Relima-Comunicore, tanto por los hechos de corrupción como por el de lavado de dinero, y quien trabajó directamente con el exgerente de Finanzas y procesado por el mismo escándalo, Juan Blest. Merino es militante activo de Solidaridad Nacional.

En los demás informes las observaciones son similares: “pagos irregulares” por “servicios no acreditados” o “servicios no ejecutados”.

Las oficinas que contrataron reiteradamente los servicios de Azortán fueron Tesorería, Planeamiento Financiero Corporativo, Contabilidad e Informática. Las tres primeras pertenecen a la Gerencia de Finanzas, que en aquellos tiempos manejó Blest, el principal “cuadro” de las finanzas de la era Castañeda.

FANTASMAS EN EL TEATRO SEGURA
Como señalamos, la comisión auditora revisó de manera selectiva y por muestreo algunos de los contratos efectuados por el municipio en el 2010 que involucraron fondos metropolitanos por S/. 2.370.876.

Varios de esos contratos fueron firmados con personas naturales y jurídicas de domicilios recónditos y cuya actividad es aparentemente ajena a la empresarial.

Control Interno le puso la lupa a una serie de servicios que la Gerencia de Administración contrató, por S/. 117.598, entre el 18 y el 22 de diciembre del 2010, los días finales del gobierno de Castañeda. Por esas fechas, la Gerencia de Administración estaba a cargo de Igor Lara Polastri, tras la salida de Carlos Chávez Málaga por el escándalo Comunicore.

Los servicios contratados fueron gasfitería, cambio y mantenimiento de accesorios en los servicios higiénicos, cambio de tuberías, pintura, equipos de iluminación y acondicionamiento de pisos para las sedes del Teatro Segura, del Albergue Municipal María Aráoz, del Club del Adulto Mayor en San Juan de Miraflores, de la Casa Hogar Virgen del Carmen, y del edificio Cahuas, en el jirón Camaná del Cercado.

En el Teatro Segura se debían desmontar e instalar los accesorios completos de 12 lavatorios con pedestal y con llave mezcladora Vainsa, y de 10 inodoros con tapa asiento de melamine.

Pero parece que el montaje solo fue teatral. Según la página 41 del Informe N.o 022-2011 de la Oficina de Control Interno, el personal permanente del Segura nunca vio dichos trabajos.

“En el mes de diciembre se llevan a cabo una serie de actividades, y las instalaciones del teatro se encontraban congestionadas entre actores y público en general, lo cual hace imposible llevar a cabo trabajos de mantenimiento, además, en esas fechas no han visto la realización de servicio alguno (además que) hasta la fecha estos servicios no se realizaron por cuanto hasta la fecha se encuentran en mal estado”, indica el documento. No hay explicación de lo ocurrido.

Lo mismo pasó en el Albergue Municipal María Aráoz, en el Club del Adulto Mayor, en la Casa Hogar Virgen del Carmen y en el edificio Cahuas, donde los operarios debían incluso cavar zanjas para colocar las tuberías de fierro y las llaves generales. Pero ninguno de los responsables operativos de estos locales recuerda esos trabajos en diciembre del 2010. Salvo que algún fantasma gasfitero haya recorrido teatro, casa hogar y albergues juntos.

ESTILO DE GESTIÓN
La oficina de control también ha denunciado algunos servicios de proveedores –personas naturales– requeridos por la Gerencia de Administración el 22 de diciembre del 2010 a cambio de S/. 30.100, y la contratación, el mismo mes, de consultorías por S/. 89.200, cuyos informes en original no fueron encontrados (y los que sí fueron hallados carecían de la firma y el sello del consultor, y del sello de recepción de la mesa de partes).

También detectó el alquiler de computadoras a una empresa llamada Limucha EIRL, ubicada también en San Martín de Porres, cuyo domicilio fiscal registrado en la Sunat (ver foto) nos tomó dos horas ubicar. Los auditores hicieron constar que nunca se supo a qué oficinas ediles fueron a prestar apoyo los equipos.

Limucha EIRL fue abierta en marzo del 2006 con un capital social de S/. 1.500. Su performance es similar a la de Azortán, pues su más importante contratante ha sido la Municipalidad de Lima.

Según Transparencia Económica del MEF, hasta el 2009 Limucha no tuvo mayor trascendencia, pero en el 2010 logró venderle y alquilarle al mu- nicipio equipos de cómputo por S/. 1.430.146. En total, durante la era Castañeda, esta desconocida proveedora le vendió a la comuna S/. 1.852.513.
Un análisis en el SIAF nos permitió conocer que solo en el 2009 y en el 2010 sus servicios fueron requeridos por la gestión “solidaria” en 260 ocasiones, es decir, una vez cada 2,8 días. Desde 2011 –al igual que con Azortán– sus ventas a la comuna se vinieron abajo.

EMPRESARIOS SOLIDARIOS
Pero la lista de empresas ignotas cuyas ventas empezaron a crecer como la espuma en los tiempos del gobierno de Solidaridad Nacional es grande, sobre todo en los dos últimos años.

Con información de Transparencia Económica, del Seace y del SIAF, PODER elaboró una lista de los principales proveedores de servicios en aquellos años. La relación la encabezan Azortán y Limucha, con S/. 2.860.093 y S/. 1.726.366, respectivamente, solo –reiteramos– entre el 2009 y el 2010.
También aparece Distribuidora Maxyser S.A., con S/. 1.594.451. Esta empresa, creada en agosto del 2005, registra como dirección fiscal una vivienda de tres pisos pintada de verde (ver foto). Al visitarla, sus habitantes le dijeron a esta revista que “aquí solo vive gente, no hay ninguna empresa”. Su gerente general, Carlos Vicente García Palomino, figura en los registros de la ONPE como aportante a Solidaridad Nacional, con S/. 800.

Tenemos luego a J&L Ingeniería y Servicios Generales SAC, que inició su vida empresarial en mayo del 2006, y que entre el 2009 y el 2010 ya le vendía al municipio servicios por S/. 1.145.332. Varias veces, desde el 2008, la Sunat registró que su domicilio fiscal figura como “habido”, pero también como “no hallado”.

Cosa similar ocurrió con empresas como Nefthys SAC, de San Martín de Porres (creada en marzo del 2006); Servicios Atunga SAC, de Villa El Salvador; Proveedores Eléctricos e Industriales SAC, del Cercado; Alce Perú SRL, del Rímac (creada en marzo del 2007); y la mayoría de las siete siguientes.

Entretanto, Richardzon Encofrados SAC (creada en febrero del 2005), ubicada en Zárate, y cuyo representante, Teódulo García Richardzon, es militante activo de Solidaridad Nacional, es la única compañía de las mencionadas que siguió vendiéndole al municipio después del 2010, y hasta elevó sus ingresos.

En el mismo cuadro, la siguiente empresa es Fabricantes Exportadores SAC, cuyo gerente general, Rubén Dioscorides Andrés Cano Altez, es actualmente regidor “solidario”, cargo al que postuló con el número 9 de la lista de Castañeda.
Finalmente, Accounting Soft SRLTDA, ubicada en Lince, tiene como gerente general a Pedro Héctor Carneiro Pucho, quien según la ONPE, aportó S/. 350 a la campaña presidencial del líder “solidario”.

TAMBIÉN PERSONAS NATURALES
El mismo patrón que con las personas jurídicas se dio con las personas naturales proveedoras de servicios durante la última gestión de Castañeda.
Por ejemplo, según el SIAF, la proveedora que más le vendió al municipio en ese tiempo es Clariza Angélica Tello Jara, con número de RUC 10090626740. En los dos últimos años analizados, esta vendedora de alimentos y bebidas colocó sus productos en la comuna por un total de S/.
1.145.086 en 298 ocasiones, con sus respectivas cancelaciones.

La segunda vendedora más exitosa fue Angie Vanessa Cáceres Huamaní, con RUC 1045519887696, quien en el mismo lapso proveyó al municipio material de oficina e impresiones por S/. 1.132.008. Sus servicios fueron requeridos en 384 oportunidades, es decir, la llamaron cada 1,9 días. Casi interdiario.

Las tres siguientes personas de la lista fueron contratadas en 62, 135 y 56 ocasiones, respectivamente, por montos de S/. 913.161, S/. 525.422 y S/. 570.800 cada una.

Como en el caso de las empresas, también seleccionamos a las 25 primeras personas na- turales por el nivel de ventas y observamos una tendencia creciente desde el 2007 en adelante, con un pico máximo en el 2010 y un ostensible descenso el año siguiente.

Además, está el detalle de las compras directas, es decir, sin concurso. Entre el 2009 y el 2010, la administración del líder de Solidaridad Nacional efectuó 1,809 pagos directos por un total de S/. 9.2 millones a 91 personas naturales, con decenas y centenas de cancelaciones fraccionadas, o sea, por debajo del tope de dinero que la ley establece para llevar a cabo concursos. Toda una modalidad.

24 MILLONES... Y LA OEI
Las primeras 25 personas naturales llegaron a vender juntas, en el periodo analizado, S/. 10.961.869. Si sumamos esta cifra a los S/. 13.168.822 que en el mismo periodo obtuvieron Azortán, Limucha y el resto de las empresas examinadas, obtendremos S/. 24.130.691.

De todo ese dinero, ¿cuánto fue entregado sin concurso y cuánto directamente? ¿Cuántos procesos fueron transparentes y cuántos no?
Recuérdese que los casos analizados por Control Interno, la Fiscalía y esta revista no son todas las contrataciones realizadas por la municipalidad en ese periodo, sino apenas un muestreo.

Pero hay más. En Los Laureles, Chorrillos, se ubica el domicilio fiscal de un personaje llamado Américo Eusebio Farfán Díaz, un proveedor de alimentos que en el SIAF y en Transparencia Económica aparece con ventas al municipio limeño por solo S/. 92.016.

Sin embargo, esa situación aparente esconde un hecho mayor. Entre el 2005 y el 2007 Farfán Díaz dotó de almuerzos a los trabajadores del Serenazgo de Lima por S/. 1.013.867. Y, ¿por qué no figura esta cifra en el sistema financiero del Estado?

Según pudo conocer PODER, Farfán Díaz fue contratado directamente a través de la Organización de Estados Iberocamericanos para la Educación (OEI), un organismo que ha sido vinculado en este país con una serie de irregularidades.

Tamaño despliegue efectuado por la comuna para que la OEI contrate un servicio tan sencillo, amerita una explicación de los responsables. De acuerdo con documentos obtenidos por PODER, ellos serían, entre otros, los encargados de aprobar los desembolsos: el gerente de Finanzas, Juan Blest, y el subgerente de Tesorería, Ulises Merino. Una vez más, los mismos del caso Comunicore.

Por lo pronto, este dato es clave: Américo Eusebio Farfán Díaz es militante activo de Solidaridad Nacional y en el 2006 postuló, sin suerte, a un puesto de regidor en Chorrillos.

Todo esto exige una pregunta adicional: ¿además de los registrados en el SIAF, cuántos contratos más a personas naturales y jurídicas se otorgaron vía OEI u OIM en los tiempos de Castañeda?

Además de todo lo anterior, Control Interno encontró también un presunto perjuicio al Patronato del Parque de las Leyendas por US$ 30.000 y S/. 314.800, debido a que esta entidad edil dejó de percibir en bienes que los concesionarios debieron haber entregado por contraprestación contractual. De nuevo los proveedores.

Lo descrito hasta aquí, que es apenas un extracto de la historia de adquisiciones y con- trataciones de la era Castañeda, nos da una idea de cómo se manejaron los fondos de la Municipalidad de Lima en ese tiempo. Ese fue parte del estilo. Por eso, cuando nos dicen que “vuelven las obras”, deberíamos preocuparnos, hacer preguntas y aguzar las antenas.

(Con la colaboración de Jorge Weston. Periodista)