De todas las reformas que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, prometió implementar en su segundo periodo en el poder (2014-2018), la educativa es la más compleja, tanto por sus complicaciones técnicas como por sus implicancias políticas. Debido a que las promesas que Bachelet hizo en campaña son muy difíciles de materializar y no necesariamente producirán los resultados que la gente espera, existe una fuerte probabilidad de que la reforma educacional termine mal o genere descontento entre aquellos que votaron por su gestora.

Después de que las marchas estudiantiles tuvieran a Sebastián Piñera (2010-2014) contra las cuerdas en el 2011, la campaña presidencial del 2013 se centró en propuestas sobre cómo mejorar la calidad de la educación. En su primer gobierno (2006-2010), Bachelet también debió enfrentar una sorpresiva y popular movilización de estudiantes. Como resultado de esas protestas, en el 2008 se im- pulsaron reformas menores en el sistema educacional chileno, basado en la competencia y en el mercado. Esas modificaciones no satisficieron a los estudiantes, por lo que, como candidata presidencial en el 2013, Bachelet tuvo que ir mucho más allá en sus promesas de campaña. Aseguró que ahora promovería “reformas, no reformitas” para solucionar los problemas de Chile. Se comprometió a efectuar cambios profundos en el sistema educativo. Estas promesas se pueden resumir en su compromiso con la educación universitaria gratuita para todos y con el fin al lucro, la selección y el copago en la educación básica y secundaria, sistemas cuyo funcionamiento explicaremos más adelante.

Al haber ganado con más del 62% de la votación en la segunda vuelta presidencial, y porque su coalición centroizquierdista Nueva Mayoría obtuvo superioridad absoluta en los escaños de ambas cámaras, Bachelet inició su gobierno con la obligación de impulsar una profunda mejora en educación. Su primer es- fuerzo legislativo, es cierto, se concentró en una reforma tributaria que recaudará más de US$ 8 mil millones anuales: la justificación para esos cambios fue la necesidad de financiar la reforma educacional. Apenas fue promulgada la reforma tributaria a mediados del 2014, Bachelet se abocó a la primera parte de los cambios en educación, la cual afectaba tanto la formación básica como la secundaria. A su vez, aseguró que la gratuidad en la enseñanza universitaria se iniciaría en el 2016.

La promesa de campaña de Bachelet respecto de la educación básica y secundaria fue que durante su gobierno se eliminarían la selección, el lucro y el copago. Estos tres términos, extraños fuera del país, son conceptos ampliamente conocidos por los padres chilenos. Adoptado durante la dictadura de Pinochet y profundizado con el retorno a la democracia, el sistema educacional chileno se basa en la competencia. Las escuelas municipales compiten entre sí y rivalizan también con escuelas particulares subvencionadas. El Estado garantiza un pago por estudiante a cada establecimiento educacional. Los padres son libres de escoger la institución a la que envían a sus hijos.

En la práctica, el sistema permite que sean los colegios los que seleccionen a los alumnos, y no al revés. Si la idea inicial era introducir competencia al mercado (como cuando los consumidores escogen dónde comprar), en la realidad el sistema terminó funcionando como los clubes nocturnos que se reservan el derecho de admisión. Las escuelas públicas y los colegios particulares subvencionados más renombrados introdujeron exámenes de ingreso (“selección”). Como el mejor determinante de qué tan bien les va a los niños en esos exámenes es el nivel socioeconómico y educacional de los padres, estas evaluaciones reproducen las desigualdades existentes en el país.

A su vez, gracias a una reforma introducida ya en democracia por los Gobiernos de la propia Concertación, los colegios particulares subvencionados pueden percibir un copago de los padres de familia (adicional al subsidio que entrega el Estado por cada alumno). Como las escuelas municipales no pueden cobrar, el sistema segrega aun más. Los padres de clase media que cuentan con la posibilidad de pagar envían a sus hijos a colegios que seleccionan y cobran copago. Como además hay colegios particulares no subvencionados, cuyo costo es mucho más alto, el sistema derivó en una segregación perfecta. Las familias de clase alta envían a sus hijos a colegios privados. Las familias de clase media, a colegios particulares subvencionados con copago. Finalmente, las familias de menos ingresos deben conformarse con las escuelas municipales gratuitas.

Aquí aparece el tercer problema: el lucro. Cuando se controla por el nivel de ingresos y de instrucción de los padres, no hay mucha diferencia entre la calidad de la educación de las escuelas municipales y la de los colegios particulares subvencionados. Porque tienen la capacidad de seleccionar a sus estudiantes, algunos colegios prefieren aceptar solo alumnos de clase media y optan por no admitir a los que provengan de familias vulnerables, cuya educación tendría un costo mayor, pues son niños con más carencias. Para evitar que los colegios tomen estas medidas, con las que optimizan sus ahorros en gastos educativos, el Gobierno prometió terminar con el lucro y el copago. De esta forma, los centros educativos ya no podrán
excluir a los estudiantes más vulnerables (cuya formación sería más cara), a favor de aquellos que provienen de familias privilegiadas: deberán entregar las herramientas y habilidades que los niños no logran obtener de sus hogares.

Desde la oposición critican al Gobierno por centrar su reforma en mecanismos más que en calidad. Como la calidad de la educación no está determinada por la condición de estatal (municipal) o privada de las escuelas, terminar con el lucro parece ser una medida equivocada. Después de todo, si los colegios lucran pero dan educación de calidad —y los padres están dispuestos a desembolsar un copago—, nadie sale perjudicado. Para estos críticos, el Gobierno debería centrar sus esfuerzos en las escuelas con más problemas y no en si los que proveen la educación lucran o seleccionan.

Pero la gestión argumenta que para mejorar la calidad de todo el sistema hay que dar fin primero a la segregación. Por eso, el proyecto de ley que recientemente ha sido aprobado en el Congreso elimina la selección escolar y el copago, y prohíbe la existencia de colegios particulares subvencionados con fines de lucro (gradualmente, durante un periodo de siete años). A partir de entonces, si hay más postu- lantes que cupos, los colegios deberán sortear dichos cupos a través de un sistema de tómbola regulado por el Gobierno. Como, además, los centros educativos no podrán establecer un copago, todos los padres contarán con la misma probabilidad de enviar a sus hijos a buenos colegios (aunque los privados sin subvención escolar, que educan a los más ricos—incluidos los hijos de las autoridades— podrán seguir seleccionando, establecer sus propios precios y generar lucro).

La reforma ha producido rechazo entre las familias de la clase media, que temen ver a sus hijos obligados a estudiar con los de familias de menores ingresos. Si el sistema actual divide en tres categorías, dependiendo del ingreso de los padres, el nuevo método creará dos niveles de segregación: los colegios privados de alto costo y todo el resto. Comprensiblemente, los padres de clase media que no tienen suficientes recur- sos para enviar a sus hijos a colegios de élite sentirán que están cargando con la parte más complicada de la reforma. Dado que esta busca mayor diversidad en el aula (aunque excluye a los colegios privados), los hijos de familias de clase media son los que deberán ayudar—con el efecto de pares—a mejorar la calidad de la educación que reciben los niños de menores ingresos. Como esta educación ocurre en las aulas, los alumnos más preparados y que avancen más rápido podrán ayudar a los que progresen más lento. Pero eso mismo significa que los alumnos más adelantados se desarrollarán con menor rapidez cuando sus compañeros sean más lentos, en comparación con los casos en que estén rodeados de alumnos con similares capacidades.

El Gobierno ha prometido que la segun- da etapa de la reforma se centrará en aumen- tar la calidad de la educación municipal, para así inducir a mejorar la de todo el sistema. No obstante, muchos padres—y políticos de derecha—han encontrado una poderosa bandera de lucha en el argumento de que el Gobierno está nivelando para abajo. En vez de optimizar la calidad de la educación en las escuelas municipales, fuerza a los padres de clase media a interrelacionar a sus hijos con niños de sectores vulnerables, con la esperanza de que esa inte-
gración ayude a estos últimos. Ya que los padres en general quieren que sus hijos se junten con niños que sean buena influencia o que les ayuden a crecer, la idea de que el Gobierno les obligue adoptar estas medidas ha producido alto rechazo en ese sector.

En tanto el foco del mensaje de Bachelet ha estado orientado a reducir la desigualdad, la reforma educativa se ha convertido en el campo de batalla para una izquierda envalentonada por los resultados de la elección del 2013 y una derecha que ve en el descontento de la clase media una fórmula para volver a ponerse de pie después de su derrota electoral. La derecha esgrime el hecho de que, en vez de generar riqueza y reducir la pobreza (mejorar la calidad de la educación en las escuelas municipales), la izquierda se enfoque en combatir la desigualdad (mezclando a alumnos de clase media y baja, pero excluyendo a los de clase alta). La izquierda, por su parte, apunta que la derecha defiende la concepción de que la educación es un bien de consumo (frase que, desafortunadamente, empleó el presidente Piñera para explicar la crisis educacional en el 2011). En vez de entenderla como un derecho social al que todos pueden acceder en igualdad de condiciones, la derecha pretende que la gente “consuma” educación, y que la calidad de dicha educación dependa del tamaño de la billetera de cada familia.

Hasta ahora, los chilenos parecen estar más de acuerdo con la idea de que la educación debe ser gratuita y de calidad para todos. Porque los padres de clase media quisieran tener acceso a los colegios particulares subvencionados sin la necesidad de meterse la mano al bolsillo, y porque las familias más pobres desearían enviar a sus hijos a escuelas de mejor calidad que las municipales a las que hoy recurren, hay una mayoría que apoya el fin del copago. Porque todos quieren escoger entre las instituciones disponibles y rechazan la idea de que sean ellas las que elijan a los alumnos, existe también un alto porcentaje que se opone a la selección escolar. Finalmente, porque los padres no ven bien que los fondos públicos y privados que se gastan en educación vayan a enriquecer a los dueños de los colegios, también hay una mayoría a favor de la erradicación del lucro.

Pero el nuevo sistema también genera dudas y despierta sospechas. La eliminación del copago se hará de forma gradual, aumentando la subvención escolar que el Estado paga por cada niño. Así, para que deje de cobrar un colegio que hoy establece un copago de US$ 25, la subvención a todos los niños de todas las escuelas de Chile deberá aumentar en US$ 25. A medida que se incremente el piso de la subvención, los colegios que hoy cobran copago se incorporarán gradualmente al sistema. El Gobierno estima que la supresión del copago se materializará completamente en ocho años (cuando Bachelet ya no sea presidenta y un próximo Gobierno pueda introducir sus propias reformas educacionales). De igual forma, muchos padres temen que los colegios sigan seleccionando. Después de todo, la demanda de buenos colegios debería superar ampliamente la oferta. Como Bachelet prometió que se podría escoger la institución a la que se enviará a los niños, cuando los padres se den cuenta de que una tómbola decidirá cuáles serán admitidos en los mejores colegios, cundirá la decepción. En conclusión, el fin del lucro disuadirá a muchos dueños de colegios (sostenedores, en la nomenclatura chilena) y hará que desaparezcan del sistema buenos establecimientos que no querrán funcionar fuera de ese sistema. Peor aun, muchos temen que, hecha la ley, se haga la trampa, y que muchos colegios, aunque nominalmente sin fines de lucro, sigan cobrando a través de elaborados sistemas de empresas relacionadas que les presten servicios. Después de todo, las protestas estudiantiles del 2011 se iniciaron precisamente tras un escándalo similar, cuando muchas universidades que formalmente no lucraban fueron descubiertas con esquemas de sociedades relacionadas que sí se beneficiaban con la educación superior.

Como el debate sobre la promesa de educación universitaria gratuita para todos recién se inicia—y muchos advierten que, de implementarse ese mecanismo, los más favorecidos serán los hijos de familias de altos ingresos, que asisten a la universidad en tasas superiores que los hijos de familias pobres—, ahí se volverán a materializar las diferencias entre una izquierda que quiere combatir la desigualdad y una derecha que cree que más importante es erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen (aunque los más ricos mejoren a un ritmo mayor). Hasta el momento, los chilenos parecen más interesados en batallar la desigualdad. Pero ahora que la economía ha entrado a una etapa de desarrollo más moderado, algunos empiezan a dudar sobre la conveniencia de cambiar el foco desde el crecimiento hacia la desigualdad. Después de todo, en las últimas décadas, aunque los más ricos en Chile progresaron más que el resto, hubo también mucho chorreo, como producto del sostenido avance que experimentó el país.